Si no recibe compensación, Odebrecht ha anunciado su intención de llegar a arbitraje internacional con Perú por la rescisión del contrato sobre la concesión del Gasoducto Sur Peruano en enero de este año, del que formaba parte junto a la española Enagás Internacional y la peruana Graña y Montero.
Odebrecht cuenta con el asesoramiento del despacho Quinn Emanuel Urquehart & Sullivan y, si no se llega a un acuerdo antes del 25 de noviembre recurrirá a arbitraje internacional (ver “En Perú constructora Odebrecht pide indemnización al Estado“, Rudy Jordán, HispanTV, 21.09.2017).
Inicio del conflicto
La concesionaria a través de un comunicado concesionaria de fecha 20 de enero de 2017 explicaba que la terminación del contrato era previsible al no haber “logrado obtener la totalidad de recursos financieros para solventar la construcción del proyecto”.
Según información de La República “Odebrecht confirma que Gasoducto Sur Peruano retornará al Estado” de 23 de enero de 2017, la falta de recursos se debía “a los escándalos de corrupción que involucran a Odebrecht”, que provocaron la negativa de los bancos de proveer de fondos necesarios al consorcio.
Los casos Chavimochic, cuyo intento de Odebrecht de llevar a arbitraje a Perú fue baldío, la anulación del laudo relacionado con la liquidación de obra del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo o las investigaciones que se están llevando a cabo tanto en el Congreso peruano, como en el Colegio de Abogados de Lima son otros de los escenarios recientemente tratados y que ilustran la situación de la constructora brasileña.
Créditos de la imagen: Presidencia de Perú (CC BY-NC-SA 2.0).
