El Tribunal del arbitraje entre la española Enagás y Perú ya está constituido. Sus miembros son: Diego P. Fernández-Arroyo (argentino y español), presidente, designado por acuerdo de las partes; Andrés Jana Linetzky (chileno), nombrado por los demandantes; y Claus von Wobeser (mexicano y alemán), nombrado por la demandada.

Enagás reclama la recuperación de la inversión realizada en el proyecto Gasoducto Sur Peruano. El Estado peruano decidió rescindir el contrato el 24 de enero de 2017 por incapacidad del consorcio de obtener fondos necesarios para financiar la construcción del proyecto.

Diego Fernández Arroyo ha intervenido en seis procedimientos CIADI, en tres como presidente, en dos como co-árbitro y en uno como miembro de Comité de anulación. Arbitrajes como el de Vidrios Los Andes-Venezuela, Alicia Grace-México, Tenaris y Talta o Astrida Benita Carrizosa, son algunos de ellos.

Andrés Jana ha participado en nueve procedimientos CIADI, contando el actual. Dos como presidente, cuatro como co-árbitro y dos como counsel. Quiborax-Bolivia, Cervin y Rhone-Costa Rica, EON-España o Alicia Grace-México, son algunos de ellos.

Claus Von Wobeser ha participado en 20 procedimientos. En 5 como presidente, en 14 de ellos como co-árbitro y en uno como árbitro único. DP World Callao-Perú, Repsol-Argentina, Highbury-Venezuela o TECO-Guatemala, son algunos de ellos.

Linklaters, Madrid, y CMS-GRAU, Perú, asesoran a los demandantes. Arnold & Porter Kaye Scholer, Washington, a Perú.

Historia del arbitraje

En septiembre de 2017, Odebrecht anunció su intención de llegar a arbitraje internacional con Perú por la rescisión del contrato sobre la concesión del Gasoducto Sur Peruano, concesión de la que formaba parte junto a la española Enagás Internacional y la peruana Graña y Montero.

Enagás solicitó a Perú el inicio de un procedimiento de trato directo previo a un arbitraje internacional.

La reclamación vendría apoyada en el Artículo 9.1 del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre la República de Perú y el Reino de España (APPRI), y fue comunicada el 19 de diciembre al Ministerio de Energía y Minas y al Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas.

El 2 de julio de 2018, la compañía comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España el inicio del arbitraje contra el Estado peruano. El 24 de julio la Secretaría del CIADI registró el procedimiento.

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