Real Hearing. Tan real como en el tribunal


La posibilidad de que la española Enagás estuviera implicada en la consecución del contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano junto a Odebrecht ha llevado a la Fiscalía peruana a investigar a la gasística. Mientras, el arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) que Enagás interpuso contra Perú sigue su curso y la española ha presentado hace algo más de un mes un memorial sobre el fondo.

En julio de 2018, Enagás comunicó el inicio del arbitraje contra el Estado peruano en relación a la controversia relativa a su inversión en el Gasoducto Sur Peruano (GSP), concesión de la que formaba parte junto a la brasileña Odebrecht y la peruana Graña y Montero.

Enagás reclama la recuperación de la inversión realizada en el proyecto (su demanda se elevaba a 1.800 millones de euros), y alega que la Administración Peruana no podrá cumplir las obligaciones que establece el contrato para el caso de terminación. El Estado peruano decidió rescindir el contrato el 24 de enero de 2017 por incapacidad del consorcio de obtener fondos necesarios para financiar la construcción del proyecto.

La investigación de la Fiscalía peruana que lleva el caso Lava Jato ha incluido al representante de Enagás en Perú bajo sospecha de posible participación en pagos realizados a Odebrecht. Enagás recibió la noticia de ser incluida como investigada en el caso en julio de 2019 (ver “La Fiscalía peruana investiga a Enagás por presuntos sobornos de su socio en GSP“, Juan Cruz Peña, El Confidencial, 31.07.2019). Como consecuencia de estos hechos, Enagás ha hecho público un comunicado en el que señala no haber participado ni tener conocimiento de actos ilícitos relacionados con la concesión del Gasoducto (ver “Perú investiga a Enagás por la adjudicación del Gasoducto Sur Peruano“, Tomás Díaz, El Economista, 04.03.2020).

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