Ayer, 2 de julio de 2018, la compañía energética Enagás comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España el inicio del arbitraje contra el Estado peruano en relación a la controversia relativa a su inversión en el Gasoducto Sur Peruano (GSP), concesión de la que formaba parte junto a la brasileña Odebrecht y a la peruana Graña y Montero.

Enagás ha presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) una solicitud de arbitraje contra Perú en relación a la controversia relativa a su inversión en GSP, y lo ha hecho invocando el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre Perú y España (APPRI Perú-España).

En diciembre de 2017, la compañía española confiaba en llegar a un arreglo amistoso, así lo expresaba en el Hecho Relevante comunicado a la CNMV a finales del año pasado, sin embargo, tras el transcurso de los seis meses de negociaciones las partes no han llegado a acuerdo, por lo que Enagás recurre a la apertura del procedimiento de arbitrajes de inversiones ante Ciadi.

No obstante, en la nota publicada por la CNMV, Enagás “sigue confiando en alcanzar un acuerdo que ponga término al procedimiento arbitral que hoy se inicia y para ello se pone a disposición del Estado Peruano para iniciar los contactos necesarios encaminados a alcanzar un arreglo amistoso.”

Finalmente, Enagás explica que: “Sobre la base de los análisis e informes periciales realizados por sus asesores externos jurídicos y financieros, la Sociedad considera hoy que recuperaría la inversión realizada en GSP en un plazo estimado de 3 años, y ratifica de esta manera los objetivos de crecimiento del beneficio después de impuestos (BDI) del ejercicio 2018.”

Historia del conflicto causa del arbitraje

En septiembre de 2017, Odebrecht anunció su intención de llegar a arbitraje internacional con Perú por la rescisión del contrato sobre la concesión del Gasoducto Sur Peruano, concesión de la que formaba parte junto a la española Enagás Internacional y la peruana Graña y Montero.

Enagás solicitó a Perú el inicio de un procedimiento de trato directo previo a un arbitraje internacional.

La reclamación vendría apoyada en el Artículo 9.1 del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre la República de Perú y el Reino de España (APPRI), y fue comunicada el 19 de diciembre al Ministerio de Energía y Minas y al Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas.

Enagás reclama la recuperación de la inversión realizada en el proyecto Gasoducto Sur Peruano; y alega que la Administración Peruana no podrá cumplir las obligaciones que establece el contrato para el caso de terminación. El Estado peruano decidió rescindir el contrato el 24 de enero de 2017 por incapacidad del consorcio de obtener fondos necesarios para financiar la construcción del proyecto.

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