La constructora Graña y Montero S.A.A. ha presentado una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, tras haber agotado la vía de trato directo, contra Perú.
La compañía ha presentado la solicitud de arbitraje para hacer efectivo el cobro de la deuda que mantiene el Estado peruano sobre el Gasoducto Sur Peruano S.A. por el valor contable neto de los activos de la concesión del proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”.
La solicitud de la demanda de arbitraje aún no ha sido registrada por la Secretaría de CIADI.
Conflicto sobre el Gasoducto Sur Peruano
El Gasoducto Sur Peruano es una sociedad concesionaria cuyo accionariado está conformado por Graña y Montero, Odebrecht Latinvest y Enagás.
El conflicto se remite al 24 de enero de 2017, cuanto el Estado peruano dio por terminado el contrato de concesión del proyecto y se hizo cargo de los activos de la concesión.
Hasta el momento, Perú no ha licitado nuevamente la concesión, por lo que no puede restituir el valor de los activos de la concesión a GSP.
Odebrecht y Enagás
En septiembre de 2017, Odebrecht anunció su intención de llegar a arbitraje internacional con Perú por la rescisión del contrato sobre la concesión del Gasoducto Sur Peruano. Sin embargo, en febrero de este año, el procurador del caso Lava Jato en Perú afirmó que no existeía una demanda de arbitraje de Odebrecht contra el estado peruano, a pesar de que la notificación se produjo hace dos años.
El 2 de julio de 2018, la compañía energética Enagás comunicó a la CNMV el inicio del arbitraje contra el Estado peruano en relación a su inversión en el Gasoducto Sur Peruano, concesión de la que formaba parte junto a la brasileña Odebrecht y la peruana Graña y Montero. En la solicitud, Enagás invoca el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre Perú y España (APPRI Perú-España).
Enagás reclama la recuperación de la inversión realizada en el proyecto Gasoducto Sur Peruano; y alega que la Administración Peruana no podrá cumplir las obligaciones que establece el contrato para el caso de terminación. El Estado peruano decidió rescindir el contrato el 24 de enero de 2017 por incapacidad del consorcio de obtener fondos necesarios para financiar la construcción del proyecto.
