Para Alberto Pimentel, ministro de Energía y Minas de Guatemala, la imagen que se percibe en el exterior por las grandes mineras inversoras en suelo guatemalteco es la culpable de la caída experimentada por el sector minero de cantera en el país que ha reducido su representación en el PIB nacional del 2% entre 2013 y 2014 a menos de un 0,5% en la actualidad. El titular del Ministerio plantea en una entrevista el nivel de riesgo externo fruto de la situación de cierre de varias minas junto a los conflictos internacionales que mantiene como puede ser el arbitraje de inversiones referente a la mina El Tambor.

Pimentel, en declaraciones recogidas por canalantigua.tv explicó que el cierre de tres minas en el país suspendidas por instrucciones de los tribunales: la mina de plata Escobal; la mina de níquel Fénix y la mina de oro el Progreso VII arroja al exterior una imagen de riesgo de inversión a las grandes compañías extranjeras, respectivamente en manos de Pan American Silver, Solway Investment Group y Kappes, Cassiday y asociados.

El sector minero, los arbitrajes de inversiones y América Latina

Guatemala es uno más a quien su sector minero ha llevado a tribunales internacionales. Conocidos son los casos de “Occidental Petroleum vs. Ecuador“, “Crystallex vs. Venezuela“; “Zamin Ferrous vs. Uruguay“; y “Odyssey Marine vs. México“, entre muchos otros en los que el interés minero ha chocado con los derechos de los pueblos indígenas y la protección del medio ambiente.

Los gobiernos en América Latina tienen ante sí un gran problema, común a todos estos casos, y que enfrenta los grandes beneficios de la minería a la defensa de derechos humanos y medioambientales.

Un ejemplo que ilustra una parte de la situación vivida en el sector minero latinoamericano es el informe publicado en 2019 “Casino del Extractivismo: Las empresas mineras apuestan con la vida de los pueblso y la soberanía de los países de América Latina usando el arbitraje supranacional“, realizado por Jen Moore y Manuel Pérez Rocha y editado por Mining Watch, Institute for Policy Studies y Center for International Environmental Law-CIEL.

El documento analizó 38 demandas de arbitraje de inversiones en el sector extractivo, principalmente minero, en países de América Latina y el Caribe destacando datos como:

  • las numerosas demandas de mineras canadienses,
  • el papel de la financiación de terceros, y
  • las implicaciones que toda la situación tiene para las comunidades locales y el medio ambiente.

Kappes, Cassiday & Asociados v. Guatemala

Un ejemplo de la situación que se presenta es el arbitraje en trámites actualmente de Kappes, Cassiday & Associates por la mina El Tambor. Éste ha sido noticia recientemente por la reconvención presentada por la propia Guatemala por dos millones de dólares en orden a reclamar el daño ambiental causado en la zona y a las comunidades afectadas.

En este procedimiento, Guatemala, entre otros, defiende la difícil situación de la mina y la conflictiva situación social, además de hablar de un Estudio de Impacto Ambiental: “tan incompleto que no cumple con los estándares del derecho interno y de las prácticas internacionales en la materia”, además de incluir “tergiversaciones y promesas que llevaron a las Autoridades a su aprobación, cuando no debió ser aprobado”.

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