La compañía minera china, con sede en Hong Kong, Junefield Gold Investments Limited ha presentado un arbitraje de inversiones contra Ecuador ante un tribunal ad hoc por la expulsión y suspensión debidas a la presión de activistas, sobre el proyecto minero que comandaba la compañía de su propiedad Ecuagoldmining en la mina Río Blanco, y a una orden judicial en respuesta a las demandas de las comunidades afectadas que no fueron consultadas.
En 2020, Ecuagoldmining notificó al Gobierno de Ecuador su intención de llegar a un arbitraje si no se llegaba a una solución ante la incapacidad de no poder trabajar en la zona debido a presiones de grupos antimineros y una suspensión por orden judicial.
En la notificación reclamaba a Ecuador 480 millones que ha visto como sus trabajos se paralizaban por la incapacidad de acceder a la zona de trabajo en la que se operaba para construir un acceso subterráneo para la extracción de oro y plata.
La minera denuncia desde hace años la incursión de grupos violentos en sus instalaciones. En un comunicado de octubre de 2019, publicado en su página de Facebook, alertaba del asalto a sus instalaciones por parte de “opositores a la industria minera responsable” y pedían a las autoridades actuar con “todo el rigor de la ley” para demostrar que sí existe en Ecuador “seguridad jurídica para los inversionistas”.
Comunidades piden el cierre definitivo de la mina
Por otro lado, comunidades indígenas de defensa de los bienes naturales llevan años luchando por el cierre de la mina. Sin ir más lejos, hace tan solo seis días la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras difundía en Facebook un comunicado, del grupo de mujeres por la defesna de la Amazonía Acción Ecológica, en el que denuncian “el ataque armado a la casa de Mónica Guarango, defensora del agua y la naturales de Río Blanco, un hecho violento por efectos de la minería ilegal.”
En la publicación exigen “a las autoridades actuar URGENTE para el cierre de la mina de Ecuagoldmining SA suspendida en 2018.” En el documento explican que la actividad minera ilegal es un hecho y denuncian que “este tipo de ataques son una provocación para amedrentarlos y hacerlos retroceder en su proceso de resistencia y así hacer minería en la comunidad Río Blanco de la empresa Ecuagoldmining South America SA. mismo que fue suspendido por una orden judicial a partir del año 2018, debido a una demanda de las comunidades por vulneración a los derechos humanos y de la naturalesa, y la operación ilegal por cuanto no se realizó la consulta a las comunidades afectadas.”
En febrero de 2021 la ciudad de Cuenca hizo una consulta popular oficial para ver si la población estaba de acuerdo con llevar adelante la minería en la zona, que incluye el proyecto Río Blanco, y el 80% (350 mil personas) votaron que no (ver “Falta claridad sobre el alcance de la decisión antiminera en Cuenca“, Wilmer Torres, Primicias, 11.02.2021, y “Consulta popular en Cuenca: ¿una victoria contra la minería o el inicio de otra batalla legal?“, Doménico Montaño, Mongabay, 03.03.2021).
