Una corte de apelación estadounidense confirmó a principios de esta semana que Foley Hoag puede retirarse como asesor de Venezuela en el caso del arbitraje de Crystallex.

El despacho Foley Hoag, que ha asesorado a Venezuela en el desarrollo del arbitraje presentado por Crystallex en 2011 ante Ciadi, solicitó en marzo retirarse como asesor de la República Bolivariana en el procedimiento de apelación a la confirmación del laudo de un tribunal de distrito.

El tribunal ha decidido que el despacho puede retirarse pero deberá instruir al país latinoamericano para que encuentre nueva representación antes del 16 de julio (ver “Venezuela’s Foley Hoag Attys Can Depart Crystallex Appeal“, Sophia Morris, Law360, 12.06.2018).

El 18 de enero de 2018, en el marco del arbitraje con Venezuela, Crystallex presentó la solicitud de una nueva audiencia ante una corte de apelaciones de EE.UU. después de que un tribunal estadounidense desestimara el 4 de enero de 2018, la demanda de la minera canadiense contra la transferencia de activos de la petrolera estatal Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

La minera busca que la Corte reconsidere la decisión de demanda a la filial de Pdvsa para cobrar el laudo que la condena a un pago de cerca de 1.400 millones de dólares por la cancelación del contrato minero de Las Cristinas.

El mes de abril pasado, según información publicada por el Financial Times (ver “Canadian miner Crystallex secures (small) payout from Venezuela“, Jonathan Wheatley, 12.04.2018), Crystallex consiguió una pequeña parte de la indemnización, unos 43 millones de dólares a través de un acuerdo con una compañía, en disputa con Venezuela por la construcción de fragatas, que poseía una cuenta en la entidad bancaria BNY Mellon.

Inicio del arbitraje

Crystallex era portadora de un contrato para explotar la mina de oro Las Cristinas, pero el gobierno de Hugo Chávez resolvió el contrato en 2011. En 2012, Venezuela anunciaba un acuerdo para la explotación de la mina con la compañía estatal china Citic Group.

La canadiense interpuso una demanda de arbitraje ante el Ciadi que finalizó en abril de 2016 con la condena a Venezuela al pago de 1.4 billones de dólares (incluidos intereses) por la expropiación del proyecto minero Las Cristinas que, según el tribunal de arbitraje que llevó el procedimiento hizo que los esfuerzos inversores de la canadiense fueran inútiles.

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