El pasado 4 de enero de 2018, un tribunal estadounidense desestimó la demanda de la minera canadiense Crystallex contra la transferencia de activos de la petrolera estatal Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). De esta manera, la canadiense pretendía recaudar los 1.200 millones de dólares, indemnización a la que fue condenada Venezuela en un arbitraje ante el Ciadi, tras la nacionalización de los activos de la compañía durante el Gobierno de Hugo Chávez.A finales de noviembre supimos de la aprobación de un tribunal canadiense sobre un acuerdo confidencial que, presuntamente, ponía fin al arbitraje por la expropiación del proyecto minero Las Cristinas. Según información publicada en prensa, Venezuela habría faltado a las obligaciones del acuerdo que preveía la cancelación de 441 millones de dólares con pagos mensuales hasta 2020 (ver “Desestiman demanda interpuesta por Crystallex contra Venezuela“, El Universal, 05.01.2017).
Crystallex buscaba el embargo de activos de Citgo, acusando a Venezuela de emitir bonos y pagos de dividendos de manera fraudulenta buscando evitar la recaudación del laudo (ver “U.S. court rules against miner Crystallex in Venezuela dispute“, Reuters, 03.01.2017).
Sin embargo, el tribunal consideró Venezuela y Pdvsa como entidades separadas, a pesar de los intentos de la defensa de Crystallex argumentando la relación entre ambas, aceptando la alegación de la demanda de que la petrolera no era parte del arbitraje.
