A través de un comunicado emitido por el grupo peruano Graña y Montero dirigido a la Superintendencia del Mercado de Valores de Lima, se ha conocido la notificación de un arbitraje interpuesto por Odebrecht contra sus socios en el consorcio Gasoducto Sur Peruano, la propia Graña y Montero y la española Enagás Internacional.En el comunicado, Graña y Montero explica que “nuestra subsidiaria GyM S.A. ha sido notificada con una petición arbitral presentada por Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C., Odebrecht Latinvest Perú Ductos S.A., Odebrecht S.A, Inversiones en Infraestructura de Transporte por Ductos S.A.C., Construtora Norberto Odebrecht S.A., Sucursal del Perú”.
El arbitraje: la cuestión de la controversia
La demanda de arbitraje plantearía, entre otros: “…la validez del contrato de subordinación de derechos y cesión condicionada de derechos subordinados suscrito con fecha 29 de abril de 2016 entre el Grupo Odebrecht, Enagás S.A., GyM S.A., Graña y Montero S.A.A., Negocios de Gas S.A. y Gasoducto Sur Peruano S.A.”
Graña y Montero alega en la información que “conforme a nuestro análisis interno, el referido Contrato de Subordinación y Cesión de Derechos es un acuerdo plenamente válido y exigible entre las partes de dicho acuerdo”.
El conflicto sobre el Gasoductor Sur Peruano
La concesionaria a través de un comunicado hecho público en enero de 2017 explicaba que la terminación del contrato era previsible al no haber “logrado obtener la totalidad de recursos financieros para solventar la construcción del proyecto”.
La falta de recursos se debía a los escándalos en los que se ha visto involucrada Odebrecht, que provocaron el rechazo de los bancos a proveer de fondos necesarios al consorcio.
En septiembre, Odebrecht anunció que si no recibía compensación, llegaría a arbitraje internacional con Perú por la rescisión del contrato sobre la concesión del Gasoducto Sur Peruano en enero de este año.
Por su lado Enagás comunicó en diciembre de 2017 a través de un Hecho Relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el inicio de un procedimiento de trato directo con el Gobierno de Perú, previo al arbitraje por la ruptura del contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano.
