La Comisión Lava Jato peruana ha ordenado exámenes periciales contables y financieros en relación con los arbitrajes mantenidos entre empresas públicas peruanas y la brasileña Odebrecht.

Esta acción se lleva a cabo para conocer el verdadero perjuicio económico sufrido por Perú en la trama Lava Jato, en un complicado proceso en el que se han visto implicados árbitros, funcionarios y empresas concesionarias de proyectos de infraestructuras.

La Comisión Lava Jato

Desde 2017, la Comisión Lava Jato del Congreso peruano, que investiga el caso Odebrecht en Perú, está estudiando 85 laudos de arbitrajes en los que ha sido parte el Estado contra empresas brasileñas, siendo condenado en 80 ocasiones.

La trama está relacionada con contratos obtenidos mediante coimas que, una vez destapada la corrupción, el estado peruano rescindió.

En el entorno de los procedimientos que mantiene el Gobierno de Perú con la compañía brasileña Odebrecht en el marco del caso de corrupción Lava Jato, a finales de junio de 2020 se conoció que la empresa desistió de dos arbitrajes (relacionados con las obras de la Vía Evitamiento Cusco entablados con el Gobierno Regional de Cusco) con un costo de 75 millones de soles (cerca de 19 millones de euros).

El último de los arbitrajes conocidos a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú fue comunicado en febrero de 2020, cuando un tribunal de arbitraje le dio la razón en contra de las pretensiones del Consorcio Vial Huayllay en relación con el proyecto del Corredor Vial Lima-Canta-Huayllay-DV Cochamarca, cuyo presupuesto ascendía a más de 502 millones de soles (más de 137 millones de euros) y cuyas empresas estaban ligadas al “Club de la Construcción” -conglomerado relacionado con contratos obtenidos mediante corrupción y relacionado también con Lava Jato-.

Arbitrajes y árbitros Odebrecht

Una de las consecuencias directas del conocimiento del entramado fue el inicio de la investigación de la Fiscalía peruana sobre 16 árbitros, por supuestamente haber recibido sobornos a cambio de emitir laudos a favor de la constructora, en relación con los arbitrajes que se habrían resuelto a favor de Odebrecht.

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