El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú ha anunciado que un tribunal de arbitraje le ha dado la razón en contra de las pretensiones del Consorcio Vial Huayllay en relación con el proyecto del Corredor Vial Lima-Canta-Huayllay-DV Cochamarca, cuyo presupuesto ascendía a más de 502 millones de soles (más de 137 millones de euros) y cuyas empresas estaban ligadas al “Club de la Construcción” -conglomerado relacionado con contratos obtenidos mediante corrupción-.
El fuero arbitral declaró ineficaz la resolución del contrato efectuada por el Consorcio Vial Huayllay (conformado por Constructora Aterpa M. Martins S.A. Sucursal del Perú, CONALVÍAS Construcciones S.A.S. – Sucursal Perú y JOHE S.A.), estableciendo que Provías Nacional (entidad encargada de encargado de la ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional) no incurrió en incumplimientos fundamentales del contrato de “Mejoramiento, Rehabilitación y Conservación por Niveles de Servicio del Corredor Vial – Lima – Canta – Huayllay – DV Cochamarca – Emp. PE-3N”.
Además, el tribunal desestimó todas las pretensiones formuladas por el Consorcio y no le reconoció ningún concepto económico a favor, ni la devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato; declarando la resolución del contrato por causa imputable al consorcio por haber abandonado la obra.
Club de la Construcción
Un grupo de empresas peruanas y brasileñas, que rondarían la treintena, entre las que se contaba, además de las nombradas en este artículo: Graña y Montero, Obrainsa, Odebrecht, Camargo Correa, Cosapi… construyeron una trama, entre los años 2011 y 2014 mediante la que se repartían obras públicas a cambio de un porcentaje sobre el valor referencial de la obra, se le llamó “Club de la Construcción” y está relacionado con el entramado Lava Jato.
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