España sigue escribiendo su cronología en las controversias por las reformas normativas, hace ya más de una década, a la producción de energía renovable. Dos procedimientos, el de los alemanes Mathias Kruck y otros y el de la japonesa JGC Holdings han anotado nuevos registros esta semana. Por un lado, España ha solicitado la anulación del laudo de los inversores germanos y, por otro, ha dicho, ante un tribunal estadounidense, que el laudo de la japonesa no se puede ejecutar porque violaría la legislación europea.
El 13 de febrero de 2024, la Abogacía General del Estado, que defiende a España, presentó la solicitud de anulación ante la Secretaría General del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) contra el laudo de 6 de octubre de 2023 que condenó a España al pago de 15 millones de euros de los 67,40 millones que reclamaban los inversores alemanes encabezados por Mathias Kruck.
El 14 de septiembre de 2022, el tribunal del arbitraje de inversiones entre los inversores alemanes y España -formado por el británico Vaughan Lowe (presidente) y los australianos Michael C. Pryles (designado por los demandantes) y Zachary Douglas (designado por la demandada)- publicó su “Decision sobre jurisdicción, responsabilidad y quantum”, acompañada de opinión parcial disidente de Douglas, rechazando el argumento de España sobre incompatibilidad del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) con el Derecho de la Unión Europea.
Esta anulación buscada por España sigue el protocolo marcado por la defensa del país en el resto de los arbitrajes por las renovables que ya han obtenido laudo. Los laudos de Novenergia II, anulado en Suecia, el de Eiser, anulado por conflicto de interés de uno de los árbitros del tribunal, Alexei Alexandrov, y el de Green Power y Obtén, un tribunal de la SCC se declaró sin jurisdicción, son victorias que puede apuntarse España, además de la notable reducción en las indemnizaciones considerada por la mayoría de los tribunales. Otra, en abril de 2023, un tribunal de Estados Unidos rechazó la solicitud de ejecución del laudo de 26,5 millones de euros de las compañías holandesas AES Solar Energy Coöperatief UA y Ampere Equity Fund BV contra España. El juez de una corte de Washington consideró que España carecía de capacidad jurídica para aceptar el arbitraje, relacionado con los cambios normativos del Gobierno español en su política de ayudas estatales a las energías renovables, con arreglo a la legislación de la Unión Europea.
En el caso de JGC Holdings, la japonesa inició el procedimiento para la ejecución del laudo de 23 millones y medio de euros contra España el 15 de septiembre de 2023 ante un tribunal estadounidense. El 6 de febrero de 2024, un comité ad hoc, formado con motivo de la solicitud de anulación presentada por España en 2022, rechazó anular el laudo y cerró el procedimiento.
El 13 de febrero de 2024, España presentó una moción para desestimar la petición de la ejecución del laudo y suspender el procedimiento ante el tribunal estadounidense. El argumento de España es que hacerlo cumplir obligaría al país a violar la legislación europea (ver “Spain Says €23.5M Award To Japanese Co. Can’t Be OK’d“, Caroline Simson, Law360, 15.02.2024).
