Real Hearing. Tan real como en el tribunal


La Suprema Corte de Justicia de la Nación (México) ordenó al Gobierno la semana pasada la publicación de la documentación presentada ante la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunciando el daño ambiental producido por las actividades de la empresa Calica, subsidiara de la estadounidense Vulcan Materials, y por la que ésta abrió un arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), en 2019.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia obliga a que el Gobierno mexicano exhiba públicamente los documentos que apoyaron la denuncia, argumentando que es “contrario a las reglas constitucionales y convencionales de acceso a la información”.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

El 6 de febrero de 2024, el Pleno de la Suprema Corte, con nueve votos a favor y dos en contra, determinó que: “es infundado el recurso de revisión en materia de seguridad nacional previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”. El recurso fue promovido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en contra de una resolución emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El INAI instruyó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a proporcionar copia de los documentos presentados en contra de Calica, en julio de 2022, ante la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Gobierno mexicano alegó que se trataba de un asunto de seguridad nacional para no entregar la copia del escrito y los anexos presentados.

Vulcan sobre la denuncia ante la ONU

En un comunicado de 8 de julio de 2022 publicado en  la página web de su filial SAC-TUN (anterior Calica), Vulcan Materials expuso que la denuncia hecha por el Gobierno de México ante la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por destrucción ambiental en sus trabajos en la cantera de Quintana Roo era “objetable desde varios puntos de vista”.

En el documento explicaban que fueron conscientes de la “denuncia” en contra de la compañíapor medio de la prensa y las redes sociales, al igual que el público en general”, a pesar de plantear el diálogo, en reiteradas ocasiones, al Gobierno de México.

Continuaban defendiendo que sus operaciones fueron supervisadas de manera regular y constante durante décadas por organismos e instituciones mexicanos que otorgaron Certificados de Industria Limpia y los permisos y las autorizaciones correspondientes.

El arbitraje Legacy Vulcan v. México

El 3 de enero de 2019, la estadounidense Legacy Vulcan registró su demanda de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) acusando a México de causarle pérdidas sustanciales e impedir la operación normal de sus inversiones, además de provocar varias controversias en el marco del TLCAN.

La cantidad reclamada por Legacy asciende a 1.900 millones de US$.

En relación con su inversión en Calica, dedicada a la extracción de piedra caliza en Quintana Roo para exportar a EE.UU. y proveer de materiales de construcción y desarrollo portuario en este Estado, Legacy Vulcan reclama, entre otros, el embargo de fondos de cuentas bancarias “para satisfacer obligaciones tributarias controvertidas”, a pesar, explicó en su notificación de arbitraje, de la obligación del Estado de Quintana Roo de no cobrarlas hasta que no se cumpliesen ciertas condiciones.

Asimismo, acusa de sustituir de forma arbitraria en 2009 el Programa de Ordenamiento Ecológico (POEL) del Corredor Cancún-Tulum prohibiendo extracciones en La Adelita y El Corchalito, donde Calica realizaba sus actividades. Brevemente, en relación con La Adelita, Calica firmó un Memorando de Entendimiento para modificar a través de una enmienda el POEL de 2009 que no se ha cumplido; asimismo, en lo referente al conflicto por El Corchalito, Legacy Vulcan acusa de expropiación a México.

Los despachos que asesoran a Legacy Vulcan son Covington & Burling LLP y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, SC.

El tribunal del arbitraje lo componen: el holandés Albert Jan van den Berg (presidente), designado por acuerdo de las partes; el argentino Guido Santiago Tawil (designado por el demandante); y el mexicano y estadounidens Sergio Puig (designado por la demandada).

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