Ya ha sido constituido el tribunal del arbitraje de la compañía estadounidense Legacy Vulcan contra México. Sus miembros son: el holandés Albert Jan van den Berg (presidente), designado por acuerdo de las partes; el argentino Guido Santiago Tawil (designado por el demandante); y el mexicano y estadounidens Sergio Puig (designado por la demandada).

Albert Jan van den Berg es un árbitro con experiencia en 28 procedimientos CIADI. En 20 ocasiones su rol ha sido el de co-árbitro, y en el resto como presidente. Ha participado en arbitrajes como: Portigon-España (aún pendiente), Pan American Energy-Argentina, o Abaclat-Argentina.

Para Guido Santiago Tawil es el noveno procedimiento en el que interviene como co-árbitro. Pac Ric Cayman-Peru, Opic Karimum-Venezuela, Highbury International-Venezuela, Eutelsat-México (pendiente) o Metro de Lima-Perú, son algunos de sus arbitrajes.

Sergio Puig es la primera vez que interviene en un arbitraje CIADI. De él podemos decir que es uno de los autores del reglamento que verá pronto la luz sobre Arbitraje comercial y Derechos Humanos, iniciativa encabezada por Bruno Simma.

El arbitraje Legacy Vulcan v. México

El 3 de enero de 2019, la estadounidense Legacy Vulcan registró su demanda de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) acusando a México de causarle pérdidas sustanciales e impedir la operación normal de sus inversiones, además de provocar varias controversias en el marco del TLCAN.

La cantidad reclamada por Legacy ascendía a 500 millones de dólares, según la comunicación del Gobierno de México.

En relación con su inversión en Calica, dedicada a la extracción de piedra caliza en Quintana Roo para exportar a EE.UU. y proveer de materiales de construcción y desarrollo portuario en este Estado, Legacy Vulcan reclama, entre otros, el embargo de fondos de cuentas bancarias “para satisfacer obligaciones tributarias controvertidas”, a pesar, explicó en su notificación de arbitraje, de la obligación del Estado de Quintana Roo de no cobrarlas hasta que no se cumpliesen ciertas condiciones.

Asimismo, acusa de sustituir de forma arbitraria en 2009 el Programa de Ordenamiento Ecológico (POEL) del Corredor Cancún-Tulum prohibiendo extracciones en La Adelita y El Corchalito, donde Calica realizaba sus actividades. Brevemente, en relación con La Adelita, Calica firmó un Memorando de Entendimiento para modificar a través de una enmienda el POEL de 2009 que no se ha cumplido; asimismo, en lo referente al conflicto por El Corchalito, Legacy Vulcan acusa de expropiación a México.

Los despachos que asesoran a Legacy Vulcan son Covington & Burling LLP y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, SC.

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