Después de que hace dos semanas la compañía estadounidense ConocoPhillips consiguiera la aprobación del cumplimientod del laudo del arbitraje contra Venezuela que contempla una indemnización de 8,7 billones de dólares por la expropiación de las explotaciones petroleras Hamaca y Petrozuata, el Procurador especial afirmó en una conversación con Juan Guaidó difundida en redes sociales que si se logra anular el laudo no se afrontará la deuda.
El procedimiento de anulación del laudo de este arbitraje se registró ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en diciembre de 2019. La última actualización del procedimiento se dio el 7 de julio de 2022 como consecuencia de la propuesta de recusación de dos de los árbitros del tribunal ad hoc: Dominique Hascher y Diego Fernández Arroyo.
Tras conocer la sentencia del tribunal estadounidense, rodeada también de la polémica de que Venezuela no aprobó presupuestos para atender al juicio, desde PDVSA se publicó un comunicado que rechazó tanto la decisión, que calificó de “injusta”, como cumplir con el correspondiente pago a ConocoPhillips.
Lo hizo en un comunicado publicado desde PDVSA.com, el 22 de agosto de 2022, en el que afirma que: “Con esta írrita e ilegal decisión se pretende consumar un paso de la intrincada trama de corrupción que facilite la entrega de los activos venezolanos a potencias extranjeras, mediante fraudes procesales donde se le impide a los representantes legítimos de Venezuela la defensa integral y efectiva de los intereses patrimoniales de la República Bolivariana de Venezuela y de PDVSA, mediante la imposición de medidas coercitivas unilaterales.”
En una conversación transmitida en redes sociales entre Juan Guaidó y el Procurador Especial de la República Enrique Sánchez, este último explicó que el juez estadounidense “simplemente registró y declaró como confirmado el laudo” y añadió que “todos los esfuerzos están colocados en lograr la nulidad del laudo”.
Guaidó hizo referencia a la no aprobación de recursos para la defensa por parte del Parlamento y dio datos sobre el presupuesto dedicado a estos asuntos internacionales producto de la persecución por parte de Venezuela a la empresa privada.
Mientras la refinería de Curazao amenaza con cerrar ante la posibilidad de embargo de los cargamentos de crudo por parte de ConocoPhillips que, tras la decisión del tribunal estadounidense, ha iniciado ya acciones legales para conseguir el cumplimiento del laudo de 8,7 billones (“Refinería en Curazao a punto de cerrar en medio de disputa entre Conoco y PDVSA“, Diario de Finanzas, 06.09.2022).
