Cinco organizaciones internacionales han presentado un Amicus Curiae a la Corte Constitucional de Colombia, ante las demandas de arbitraje de Glencore y Anglo American en contra de Colombia, para que se respeten los derechos de las comunidades indígenas Wayúu que luchan pacíficamente contra la expansión de la mina de carbón más grande de América Latina, El Cerrejón, ubicada en el departamento de La Guajira.
Las organizaciones, Terra Justa, el Instituto de Estudios Políticos (IPS) – Programa de Economía Global, War on Want, Global Justice Now y la Red Minera de Londres (LMN), presentaron su escrito al tribunal Constitucional en el marco del trámite de seguimiento a la sentencia que protege el Arroyo Bruno.
“Nosotros los Wayúu y comunidades afrocolombianas exigimos se nos respete nuestro territorio y con ello nuestros derechos a la vida, al agua, a la seguridad y soberanía alimentaria. Las empresas multinacionales no son de aquí como para que pretendan pasar por encima de nuestras decisiones y las de la Corte”, explica en el comunicado Misael Socarras, miembro de la Comunidad Wayúu Gran Parada, accionante ante la Corte Constitucional y parte de Fuerza de Mujeres Wayúu.
El conflicto
En 2017, la Corte decidió suspender el proyecto de expansión minera del tajo La Puente por parte de Cerrejón, que amenazaba con destruir parte del ecosistema del Arroyo Bruno, rodeado por bosque seco tropical en peligro crítico de extinción. Según el documento: “El arroyo es fuente esencial para el abastecimiento de agua a las comunidades locales en una región altamente vulnerable a la crisis climática, donde solo el 4% de la población en zonas rurales tiene acceso a agua potable. Asimismo, el arroyo tiene un valor espiritual y cultural insustituible para el pueblo indígena Wayúu. El proyecto se suspendió bajo la condición de que se realizará un estudio técnico que determinará el alcance de sus impactos ambientales y sociales.”
Glencore y Anglo American presentaron sus demandas de arbitraje de inversiones a mediados de 2021 en virtud de los Tratados Bilaterales de Inversión del Estado Colombiano con Suiza y Reino Unido, respectivamente. Las organizaciones denuncian que a principios de 2022, tras la presentación de las demandas, “el gobierno colombiano emitió un informe favorable a la expansión de la mina y que fue denunciado por organizaciones colombianas, lo que indicaría que las demandas podrían estar teniendo el efecto disuasorio deseado” (ver “Alerta urgente: Gobierno avala la destrucción del arroyo Bruno“, Prensa Cajar, Colectivo de Abogados José Alverar Restrepo, 07.04.2022).
Las organizaciones inciden en que las empresas presentan las demandas de arbitraje “para presionar a las instituciones del estado y ejercer el control empresarial sobre la naturaleza y las personas, especialmente en el Sur Global”. E instan a la Corte Constitucional a que: “a la hora de tomar su decisión, las demandas de arbitraje no tengan un efecto disuasorio sobre su labor y que cumpla con su función de garantizar el respeto de los derechos del pueblo Wayúu al agua, la salud, la soberanía alimentaria, y proteja el Arroyo Bruno”.
Aunque el 1 de julio de 2022, Anglo American desistió de su demanda contra Colombia tras vender su participación en El Cerrejón a Glencore, los grupos muestran su reticencia a que “la continuación de la demanda de Glencore por un monto no revelado podría estar ejerciendo una presión indebida sobre el gobierno y el sistema judicial colombiano.”
Hablan del arbitraje de inversiones como “exclusivo para las empresas extranjeras y altamente injusto” y piden que el Gobierno denuncie los acuerdos internacionales de inversión suscritos y elimine el arbitraje inversor-Estado. En el Amicus enviado a la Corte citan ejemplos de otros arbitrajes presentados por empresas en países como Guatemala, Costa Rica, Ecuador y Perú, además de diez casos de demandas o amenazas de demandas bajo el mecanismo de solución de controversias inversor-Estado en minería contra Colombia.
