La compañía colombiana Eléctricas de Medellín Ingeniería y Servicios SAS ha presentado un arbitraje de inversiones contra Honduras en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). La solicitud se hace después de que en febrero Empresa Energía Honduras (EEH) -formada por Eléctricas de Medellín, Unión Eléctrica (también colombiana) y la hondureña Enterprise Consulting SA- notificara al Gobierno de Honduras su intención de acudir a arbitraje internacional por el perjuicio sufrido en sus inversiones por la forma en que salió del mercado hondureño.
En agosto de 2023, EEH comenzó a entregar sus operaciones después de ejecutar desde 2015 la concesión del sistema de distribución eléctrica de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
En febrero de este año se conoció la penalización a EEH por más de 182 millones de dólares, una sanción de la Superintendencia de Alianza Público Privada por no haber cumplido con algunos de los requerimientos del convenio (“Por $182.2 millones penalizaron a la EEH ante incumplimientos“, Álvaro Mejía, El Heraldo, 02.02.2024).
A mediados de febrero, el ministro de Energía Erick Tejada informó de que había sido informado por parte del procurador general de la República de la recepción de la notificación de intención de arbitraje internacional explicando que EEH denuncia el perjuicio sufrido por cómo salió de Honduras (ver “EEH anuncia intención de interponer arbitraje internacional a Honduras“, Sophia Figueroa, Tiempo, 15.02.2024).
En 2022, hubo conato de controversia internacional
En julio de 2022, EEH informó en un comunicado que recurriría a acciones legales ante instancias internacionales si Honduras seguía incumpliendo el contrato de Asociación Público Privada (APP) y continuaba con sus amagos de expropiación de propiedad extranjera.
EEH denunciaba a Honduras por “pretender a través de la Procuraduría General de la República (PGR) tomar el control de los sistemas comerciales que opera EEH, pues ha promovido contra EEH una improcedente acción de demanda de tutela sumaria, buscando con ello que un Juzgado en Materia Civil les otorgue ese control en forma anticipada conforme las condiciones de contrato, lo que a todas luces y de acuerdo con las normas que regulan las relaciones entre privados y Estados puede constituirse como una acción de EXPROPIACIÓN transgrediendo directamente la seguridad jurídica del Contrato”.
