Real Hearing. Tan real como en el tribunal


La minera canadiense Minaurum Gold ha informado de que ha obtenido un amparo favorable en relación al Proyecto de Plata Álamos, en el sur de Sonora. El recurso fue interpuesto para proteger el proyecto y ha sido aprobado por el Tribunal Federal Administrativo de México, lo que significa que el 100% de su propiedad no se ve afectado en su totalidad por la Reforma a la Ley Minera aprobada por el Congreso mexicano en 2023.

Según declaraciones de Darrell Rader, presidente y director general de Minaurum Gold: “Este fallo asegura que Álamos seguirá rigiéndose por la Ley Minera Mexicana de 1992 y no estará sujeta a las incertidumbres causadas por la nueva Ley Minera”.

El 9 de mayo de 2023, la Reforma a la Ley Minera fue aprobada por el Congreso mexicano, Minaurum tomó medidas para proteger sus proyectos mexicanos mediante la presentación de amparos. La minera está a la espera de la decisión de la Corte en relación con el resto de sus proyectos en México.

Mineras en arbitraje

Las compañías Ganfeng Lithium y sus filiales Bacanora Lithium y Sonora Lithium presentaron hace un mes un arbitraje de inversiones contra México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) para proteger la propiedad sobre sus licencias después de que el Gobierno Mexicano las cancelara en septiembre de 2023 apoyándose en la nueva ley minera.

La compañía británica Cadence Minerals informó en noviembre de que, junto a su subsidiaria REM Mexico Limited, emitió una Solicitud de Consultas y Negociaciones al Gobierno de México bajo el Tratado Bilateral de Inversión Reino Unido-México (TBI), por la revocación de las concesiones mineras para el Proyecto de Litio Sonora por parte de la Dirección General de Minas de México.

Cambios legislativos en el sector de la minería en México

En abril de 2022, el Gobierno mexicano aprobó la reforma de la Ley Minera. La Cámara de Comercio Internacional de México (Mexico International Chamber of Commerce – ICC Mexico) advirtió, a través de un comunicado, de que esta reforma contradecía compromisos asumidos en tratados como el Acuerdo Transpacífico y otros Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRIS), lo que conllevaría que el Gobierno mexicano se viera en la tesitura de indemnizar a las empresas con concesiones mineras.

En el caso de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) y la Cámara Minera de México (Camimex) advirtieron de que: “Para el sector industrial mexicano es fundamental contar con un marco legal claro, transparente y confiable con el fin de atraer proyectos e inversiones.”

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