Real Hearing. Tan real como en el tribunal


Los procedimientos de arbitraje de inversiones presentados contra México por parte de las compañías estadounidenses Enerflex y Exterran Energy y de la holandesa Consolidated Water han sido suspendidos en estos últimos días en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

En relación al arbitraje de Consolidated Water las negociaciones eran un hecho desde hace meses. La holandesa reclamaba la cancelación de un proyecto de construcción de una desaladora en Playas de Rosarito, Baja California (México).

Desde octubre de 2022, la negociación en Miami fue confirmada por su secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexía.

El conflicto de Consolidated Water

En agosto de 2016, Aguas de Rosarito celebró un acuerdo de asociación público-privada con varias entidades estatales mexicanas, incluyendo el Estado de Baja California, México para el desarrollo, financiación, construcción y operación del Proyecto.

En junio de 2020, las Entidades Estatales rescindieron el Contrato APP por motivos cuestionados por la holandesa y en agosto de 2020, Aguas de Rosarito presentó una solicitud de reembolso de los gastos e inversiones realizados de los que no había recibido nada. El arbitraje se registró en febrero de 2022.

Enerflex y Exterran v. México

El 3 de junio de 2024, el tribunal emitió una orden procesal tomando nota del archivo del procedimiento de conformidad con la Regla 56(1) de las Reglas de Arbitraje del CIADI:
“Suspensión a petición de parte: Cuando una parte solicite la terminación del procedimiento, el Tribunal fijará un plazo dentro del cual la otra parte podrá oponerse a la terminación. Si no se formula oposición por escrito dentro de dicho plazo, se considerará que la otra parte ha consentido en el desistimiento y el Tribunal dictará un auto tomando nota del desistimiento del procedimiento. Si se formula oposición por escrito dentro de plazo, el procedimiento continuará.”

En 2015, Enerflex recibió una demanda de arbitraje de un exempleado de filiales de la compañía y en 2017 afrontó un pago de cerca de un millón y medio de pesos emitido por un tribunal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tabasco, pero cinco años después la misma entidad decidió el pago millonario al exempleado, decisión que la canadiense ha recurrido denunciando que si se confirmara “el debido proceso y la seguridad jurídica” se verán vulnerados.

En un comunicado, Enerflex explicaba que: “El laudo representa una clara violación de México a sus compromisos adquiridos” e invoca el incumplimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

Enerflex está activa en México desde 1997 y tiene contratos de tratamiento de gas con Pemex y otros operadores. Cuenta en la defensa de este arbitraje con la firma Hogan Lovells (Mexico City).

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