Panamá ha ganado la demanda de arbitraje de inversión presentada por el empresario holandés Jochem Bernard Buse, fundador, director ejecutivo, presidente y accionista mayoritario de la casa de valores Panama Wall Street (PWS), que reclamaba una indemnización de alrededor de 60 millones de dólares, más intereses y daños morales. El 3 de junio, el Tribunal internacional emitió el laudo en el que ha desestimado todas las reclamaciones de Buse.
El 28 de marzo de 2016, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ordenó la intervención de PWS argumentando, tras una inspección, determinados incumplimientos como, entre otros: la falta de confiabilidad en el manejo de sus clientes; indebida organización administrativa y contable; existencia de cuentas con irregularidades; deficiencias en los medios tecnológicos… y la incapacidad de dar explicaciones suficientes sobre los hallazgos de la inspección.
El 8 de junio de 2016, la SMV ordenó la liquidación forzosa de la empresa.
El arbitraje se presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en mayo de 2017. Buse demandó a Panamá invocando el Tratado Bilateral de Inversión entre los Países Bajos y Panamá, denunciando que la inspección,
intervención y liquidación de PWS violó el Tratado y lo privó de su inversión.
Según comunicado del Gobierno de Panamá, Buse reclamaba, además, falta de transparencia porque la intervención y la liquidación “lo tomaron por sorpresa”.
Según el documento: “el Tribunal tuvo en cuenta la larga historia de violaciones por parte de PWS y de Buse, para considerar que éste no podía tener expectativas de que se le permitiría continuar la operación de PWS ante violaciones adicionales de la Ley de Mercado de Valores.” Y consideró que: “las actuaciones de la SMV fueron coherentes con el régimen legal y fundadas en hallazgos de hecho”, que la SMV cumplió con lo dispuesto en la Ley de Mercado de Valores, brindó suficiente aviso sobre los hallazgos encontrados, y “tenía justificación suficiente para concluir que la liquidación era la forma de proceder apropiada para los hechos de este caso.”
El Gobierno de Panamá aprovecha la comunicación para afirmar que este laudo “ratifica el derecho y deber de Panamá de tomar medidas destinadas a la protección del interés público, especialmente en mercados altamente regulados, sin que los inversionistas extranjeros puedan cuestionar ejercicios legítimos de autoridad pública bajo el sistema internacional de arbitrajes inversionista-Estado, cuando han incurrido en serias violaciones de la ley local.”
El tribunal lo han formado la estadounidense Lucinda A. Low (presidenta), la coárbitra nombrada por el demandante ha sido la franco suiza Laurence Boisson de Chazournes y el árbitro designado por el demandado el dominicano Marcos Peña Rodríguez.
Panamá ha contado con la defensa de Hogan Lovells US LLP y la Oficina de Arbitraje de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Las firmas Lindeborg Counsellors at Law (Reino Unido), Ramos Chue & Associates (Panamá), Zannis Mavrogordato, Emilie Gonin y Ali Al-Karim han defendido los intereses de Jochem Bernard Buse.
