Arturo Gonzalo, consejero delegado de Enagás, ha mostrado su confianza en que el tribunal del arbitraje contra Perú por el Gasoducto Sur Peruano (GSP) les dé la razón y, en una conferencia celebrada con analistas, ha manifestado su previsión de recuperar 236 millones de euros de la inversión en el Gasoducto Sur Peruano antes de 2030.
La compañía gasística espera la publicación del laudo antes del mes de julio. El procedimiento fue abierto por Enagás ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) tras la terminación del contrato de concesión por parte del Estado.
Enagás pretende recuperar la inversión realizada antes de que se cancelara el proyecto en 2018. En esta concesión también participaban las empresas Odebrecht y Graña y Montero, relacionadas con casos de corrupción en Perú. No obstante, Enagás ha declarado en varias ocasiones que el GSP no se ha relacionado “de forma probada e irrefutable” con la corrupción registrada en Perú.
Según Gonzalo el laudo se dictará en este primer semestre del año y la previsión de la gasística es recuperar 236 millones antes de 2030 (ver “Enagás gana un 9% menos y recorta el dividendo para invertir en hidrógeno“, Antonio Martos Villar, La Información, 20.02.2024).
El tribunal de este arbitraje lo forman Diego P. Fernández-Arroyo (argentino y español), presidente, designado por acuerdo de las partes; Andrés Jana Linetzky (chileno), nombrado por los demandantes; y Claus von Wobeser (mexicano y alemán), nombrado por la demandada.
El arbitraje se inició en 2018 en virtud del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) España-Perú. La primera fecha de previsión de laudo era el 30 de junio de 2023, pero los plazos han ido retrasándose.
La reclamación de la gasística en el arbitraje de inversiones, según el informe anual de 2022, asciende a 511 millones de dólares.