Cindy Rayo Zapata (Rayo Consultores) analiza la posición de los Gobiernos y de los inversores en un entorno político y económico cambiante, que se enfrenta a retos geopolíticos y medioambientales en los que la seguridad de las inversiones y los compromisos hacia un desarrollo más sostenible influirán en el aumento de los arbitrajes de inversión. Rayo Zapata nos pide reflexionar sobre si es necesario repensar los acuerdos de inversión internacionales para enfrentar el cambio climático.
El 2024 es un año en el que se avecinan elecciones en muchos países del mundo, en el que se espera que los gobiernos continúen respaldando políticas económicas y de atracción de inversiones con enfoques basados en la seguridad e influenciados por cuestiones geopolíticas y económicas.
Los Estados seguirán promoviendo y buscando atraer inversiones, al tiempo que cada vez más cuestiones medioambientales relacionadas con el uso de energías limpias, políticas de mitigación y adaptación para alcanzar los objetivos de cero emisiones, el cuidado y aprovechamiento del agua, asegurar el suministro de minerales críticos que son clave para el desarrollo e impulso de las tecnologías limpias necesarias para la transición energética, ocuparán un mayor espacio en las agendas públicas.
Tan solo en 2023, el 23% de los nuevos casos presentados ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) involucraron disputas relacionadas con el petróleo, el gas y la minería. En cuanto a nuevos casos, los países de Centroamérica y del Caribe encabezan la lista con el 23%, América del Sur con el 16% y América del Norte el 19% de los casos, según las cifras publicadas.
La expectativa es que cambios en las políticas públicas o regulaciones para cumplir objetivos de protección al medio ambiente, la salud, la seguridad nacional, entre otros, aumentarán las disputas en arbitraje de inversión. En materia medioambiental, por ejemplo, la revocación de permisos, la cancelación de los esquemas de comercio de emisiones, el establecimiento de límites a las emisiones de carbono, la eliminación de subsidios, las exenciones fiscales aplicadas de manera discriminatoria o de manera incompatible con los Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) podrían incrementar el número de disputas de arbitraje de inversión en la región.
Los AII protegen a los inversionistas extranjeros y a sus inversiones frente a medidas poco transparentes, de mala fe o arbitrarias, expropiatorias o que discriminen entre nacionales y extranjeros. También, contienen disciplinas que reconocen el derecho de los Estados para regular la protección del medio ambiente, de la salud, de la seguridad u otros objetivos legítimos.
Frente a un escenario en el que se espera que las disputas en cuestiones relacionadas con energía, minería, medioambientales sigan en aumento, algunas preguntas para reflexionar son: ¿es necesario reformar los AII para que los Estados puedan cumplir con los objetivos medioambientales, sobre cambio climático y transición energética? ¿Se están convirtiendo los AII en una barrera para poder cumplir con estos objetivos? ¿Cómo lograr un balance entre la protección de las inversiones y la adopción de regulaciones para alcanzar dichos objetivos? ¿Pueden servir los AII como una herramienta para que los inversionistas presionen a los gobiernos a adoptar regulaciones alineadas a los objetivos sobre cambio climático, cero emisiones y transición energética?
