Ante la presentación de los resultados del tercer trimestre, Antonio Llardén, presidente ejecutivo de Enagás, manifestó que aunque el arbitraje por el Gasoducto Sur Peruano con Perú avanza según lo previsto, están dispuestos a llegar a un acuerdo amistoso.

Llardén explicó durante la presentación que el arbitraje “se está desarrollando según el calendario procesal establecido”, pero que la compañía continúa “a disposición del Estado peruano para llegar a un acuerdo amistoso”. El laudo del arbitraje se espera para finales de 2022.

En julio de 2018, Enagás comunicó el inicio del arbitraje contra el Estado peruano en relación a la controversia relativa a su inversión en el Gasoducto Sur Peruano (GSP), concesión de la que formaba parte junto a la brasileña Odebrecht y la peruana Graña y Montero.

Enagás reclama, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), la recuperación de la inversión realizada en el proyecto (su demanda se elevaba a 1.800 millones de euros). El Estado peruano decidió rescindir el contrato el 24 de enero de 2017 por incapacidad del consorcio de obtener fondos necesarios para financiar la construcción.

El tribunal está constituido por: Diego P. Fernández-Arroyo (argentino y español), presidente, designado por acuerdo de las partes; Andrés Jana Linetzky (chileno), nombrado por los demandantes; y Claus von Wobeser (mexicano y alemán), nombrado por la demandada.

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