La Procuraduría General de Ecuador calcula que ha ahorrado 597 millones de dólares $ en los últimos ocho arbitrajes y demandas internacionales que ha mantenido con compañías como: Internexa, Inmobiliar, Sociedades Grupo Albacora, FAE, TAME, OCP, Copper Mesa y Repsol 3 .

Seegún el comunicado emitido por la Procuraduría General del Estado de Ecuador se ha evitado el pago de 597 de un total de 615 millones de dólares. El incumplimiento de contrato la violación de Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI) han sido los principales motivos.

Los arbitrajes citados por la PGE en los que el Estado no tuvo que desembolsar ningún monto son los casos: Internexa, Inmobiliar, Sociedades Grupo Albacora y TAME.

El caso Internexa fue tratado por esta publicación a principios de septiembre y, aunque la PGE comunica que ganó el arbitraje lo cierto es que el tribunal arbitral desestimó las demandas de ambas partes: Internexa pretendía una indemnización de más de 15 millones de dólares, mientras que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), mediante reconvención, solicitaba más de 16 millones de dólares. El tribunal lo formaban el español David Arias, designado por las demandantes, el peruano Fernando Cantuarias, designado por la demandada, y el venezolano José Eloy Anzola, presidente del tribunal, designado por la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC), administradora del procedimiento.

En relación con el arbitraje contra la española Albacora destacado igualmente en el comunicado de la PGE, tras tres años de litigio, el 18 de julio de 2019, el Tribunal del arbitraje administrado por la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) emitió el laudo que daba la razón al Estado, según comunicado de la propia PGE. La empresa alegó que las determinaciones tributarias realizadas por el Servicio de Rentas Internas afectaban a su inversión, pues consideraba que la exención al impuesto a la renta, establecida en la Ley de Zonas Francas, estaba vigente. El Tribunal, que contaba también con José Eloy Anzola como presidente, y como árbitros el brasileño José Emilio Nunes Pinto, designado por la demandante, y la italiana Loretta Malintoppi, designada por Ecuador, resolvió: “de manera unánime, rechazar todas las alegaciones constantes en la demanda propuesta por la empresa extranjera y que la empresa extranjera pague las dos terceras partes de las costas y gastos correspondientes al tribunal arbitral y a la entidad administradora del caso.”

La PGE, asimismo, explica que ha llegado a soluciones amistosas con OCP y Repsol 3,  en este caso eran conocidas las negociaciones ya que, tras conocerse la noticia de la demanda de arbitraje por parte de Oleoducto de Crudos Pesados, S.A. (OCP), filial de Repsol, a Ecuador por el tratamiento fiscal de la deuda subordinada emitida para la financiación de sus operaciones, en marzo de 2018 la petrolera española habría enviado una carta al Gobierno ecuatoriano para aclarar la situación dando comienzo a las negociaciones para llegar a un acuerdo antes de recurrir al arbitraje internacional.

En el caso de FAE se habría producido un desistimiento y se cita también el acuerdo de julio de 2018 como “parcialmente favorable” en el caso Copper Mesa en el que el laudo condenaba a Ecuador al pago de 19,5 millones de dólares más los intereses devengados en el arbitraje por la expropiación de dos minas, en total 25,1 millones de dólares ante un tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) formado por V. V. Veeder (presidente), Bernardo Cremades (designado por la demandante) y Bruno Simma (designado por la demandada).

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