Real Hearing. Tan real como en el tribunal


La Comisión de Justicia del Gobierno de Ecuador conoció el 5 de julio de 2024 el “Proyecto de Ley para el cumplimiento de la voluntad popular expresada en la consulta popular y referéndum de 21 de abril de 2024 en lo relativo a la prohibición del arbitraje internacional”. El texto contempla, entre otros, un arbitraje regional con sede en América Latina o, si no se activa, jurisdicción ordinaria y, en relación con el pago de laudos, éste no podrá financiarse con endeudamiento ni dedicar recursos del Presupuesto General del Estado.

La propuesta ha sido aportada por Ricardo Ulcuango, asambleísta nacional, y Esther Cuesta, asambleísta por Europa-Asia y Oceanía.

Según el texto de introducción al proyecto de ley: “El pronunciamiento de las y los ecuatorianos estuvo en consonancia con el abrumador consenso de que, a nivel internacional, existe irracionalidad y falta de juridicidad de este mecanismo y reconoce que para el país, la aplicación del arbitraje internacional, por años, ha resultado en daños irreparables para el medio ambiente y en consecuencias nefastas para el Ecuador en su conjunto, por las exorbitantes indemnizaciones a las que ha sido condenado el Estado, como lo evidencian, los írritos casos: Chevron, Occidental y Perenco, entre otros.”

Y continúa que “el cumplimiento de la voluntad popular requiere la expedición de una norma legal puesto que en los últimos años las élites económicas han intentado, por todos los medios, revocar y disminuir los efectos jurídicos de la prohibición contenida en el artículo 422 de la Constitución de la República del Ecuador y reintroducir estos tribunales antidemocráticos, para lo cual han reformado varias disposiciones del ordenamiento jurídico nacional.”

La Ley contempla que si tras el periodo de negociaciones para intentar resolver la controversia de manera amigable no se consiguiese: “el conflicto podrá ser sometido a arbitraje nacional e internacional por instancias arbitrales regionales con sede en América Latina. Las decisiones de estos tribunales arbitrales serán en derecho, la legislación aplicable será la ecuatoriana y los laudos serán definitivos y obligatorios para las partes, y su ejecución y homologación tendrá lugar de conformidad con la ley.” Y añade que: “Si luego del término de seis meses de agotada la vía administrativa, las partes no han llegado a un acuerdo amistoso, ni la hubieran sometido a jurisdicción arbitral para la solución de sus conflictos, la controversia se someterá a conocimiento de la justicia ordinaria nacional. No se someterán a arbitraje los asuntos tributarios.”

Pago y ejecución de laudos

En relación con el pago de laudos, el proyecto de ley explica que: “No podrá financiarse con endeudamiento el pago de laudos emitidos por tribunales de arbitraje internacional en contra del Estado ecuatoriano”.

Tampoco se “podrá destinar, en el Presupuesto General del Estado, recursos para el pago de laudos emitidos contra el Estado ecuatoriano en procedimientos de arbitraje internacional, mientras estos no hayan sido reconocidos por juez competente, de conformidad con el procedimiento de reconocimientos de laudos previsto en el Código Orgánico General de Procesos”.

Y el texto matiza que: “Los laudos arbitrales dictados dentro de un procedimiento de arbitraje internacional tendrán que seguir el proceso de reconocimiento y homologación contemplado en la ley para que surtan efecto y puedan ser ejecutados en el país.”

Escribe un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.