El pasado miércoles 18 de enero, en el marco del arbitraje con Venezuela, Crystallex presentó la solicitud de una nueva audiencia ante una corte de apelaciones de EE.UU. después de que un tribunal estadounidense desestimara el 4 de enero de 2018, la demanda de la minera canadiense contra la transferencia de activos de la petrolera estatal Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
La minera busca que la Corte reconsidere la decisión de demanda a la filial de Pdvsa para cobrar el laudo que la condena a un pago de cerca de 1.400 millones de dólares por la cancelación del contrato minero de Las Cristinas.
Según información publicada en Banca y Negocios (“Crystallex solicita nueva audiencia en demanda contra Pdvsa“, Banca y Negocios, 18.01.2018) la empresa canadiense alega que la decisión tomada el 4 de enero “pasó por alto o malinterpretó la ley estadounidense de transferencia fraudulentas“.
Historia del conflicto
A finales de noviembre de 2017 supimos de la aprobación de un tribunal canadiense sobre un acuerdo confidencial que, presuntamente, ponía fin al arbitraje por la expropiación del proyecto minero Las Cristinas. Según información publicada en prensa, Venezuela habría faltado a las obligaciones del acuerdo que preveía la cancelación de 441 millones de dólares con pagos mensuales hasta 2020.
Crystallex buscaba el embargo de activos de Citgo, acusando a Venezuela de emitir bonos y pagos de dividendos de manera fraudulenta buscando evitar la recaudación del laudo.
Sin embargo, el tribunal consideró Venezuela y Pdvsa como entidades separadas, a pesar de los intentos de la defensa de Crystallex argumentando la relación entre ambas, aceptando la alegación de la demanda de que la petrolera no era parte del arbitraje.
Inicio del arbitraje
Crystallex era portadora de un contrato para explotar la mina de oro Las Cristinas, pero el gobierno de Hugo Chávez resolvió el contrato en 2011. En 2012, Venezuela anunciaba un acuerdo para la explotación de la mina con la compañía estatal china Citic Group
La canadiense interpuso una demanda de arbitraje ante el Ciadi que finalizó en abril de 2016 con la condena a Venezuela al pago de 1.4 billones de dólares (incluidos intereses) por la expropiación del proyecto minero Las Cristinas que, según el tribunal de arbitraje que llevó el procedimiento hizo que los esfuerzos inversores de la canadiense fueran inútiles.
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