La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) ha presentado la solicitud de anulación del laudo de 380 millones USD a favor de Telefónica, emitido recientemente por un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). La ANDJE reprueba que el tribunal se pronunciara sobre una controversia ya decidida por otro tribunal de arbitraje o por ordenar el pago de intereses que penalizan a Colombia por la demora del tribunal en emitir el laudo de tres años y medio desde el último escrito de las partes.
La ANDJE explica que la conclusión del laudo “es diametralmente opuesta a la decisión obtenida en el caso de la demanda internacional de América Móvil contra de Colombia, en relación con los mismos hechos y medidas del Estado.” Y que debe ser anulado atendiendo al artículo 52 del Convenio CIADI en cuanto a que “el tribunal se extralimitó manifiestamente en sus facultades, quebrantó de manera grave normas fundamentales de procedimiento y no expresó en el laudo los motivos en los que se fundan sus decisiones, especialmente, sobre responsabilidad y daños.”
El tribunal del arbitraje formado por el brasileño José Emilio Nunes Pinto, designado por las partes presidente, y los co-árbitros: el argentino Horacio Grigera, nombrado por Telefónica, y el francés Yves Derains, por Colombia, consideró que Colombia incumplió con su obligación de otorgar un trato justo y equitativo a las inversiones de Telefónica.
Los argumentos para la anulación esgrimidos por la ANDJE son que: el tribunal ignoró el derecho aplicable a la controversia porque actuó como una corte de apelación al modo de la Corte Constitucional y se pronunció sobre una controversia ya decidida por el arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) (Telefónica había pagado en 2017 al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) 379,8 millones USD tras un laudo de la CCB).
Asimismo, la ANDJE reprocha al tribunal por no pronunciarse respecto a los argumentos defendidos por Colombia en cuanto a la ausencia de expectativas legítimas de Telefonica o que el daño no fue causado por una medida soberana del Estado; y por ordenar el pago de intereses que penalizan a Colombia por la demora del tribunal en emitir el laudo de tres años y medio desde el último escrito de las partes.
El Gobierno colombiano ya anunció su intención de recurrir el laudo y, además, renegociar las condiciones ligadas a la resolución de controversias y contempladas en los tratados internacionales firmados con la UE y los EE.UU..
