Sargeant Petroleum acusa a la República Dominicana de adoptar una serie de medidas destinadas a expulsarla del mercado dominicano del asfalto y reclama en el arbitraje de inversiones, presentado en mayo de 2022, más de 57 millones de US dólares por daños y perjuicios a sus inversiones. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) ha publicado tanto la Solicitud de arbitraje, como el Memorial del demandante.
La estadounidense, que denuncia que sus inversiones: “han sido indirectamente expropiadas, y ha tratado a Sargeant de manera inequitativa e injusta en violación de numerosas disposiciones del DR-CAFTA”, invoca los incumplimientos de: Trato Nacional, Trato de Nación Más Favorecida, Nivel Mínimo de Trato y Expropiación. Asimismo, apoya su demanda de arbitraje en el incumplimiento de un contrato entre Sargeant y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de la República Dominicana de mayo de 2013.
Sargeant acusa al MOPC de desarrollar “acciones orquestadas en apoyo de una política deliberada para privar a Sargeant del flujo de caja necesario para operar su negocio y expulsarla del mercado dominicano del asfalto en favor de una empresa estatal.” Y alega los 25 años en el mercado dominicano “con un historial ejemplar”, y el trato más favorable recibido por la empresa estatal a pesar de cobrar un precio más alto por el mismo producto.
Sargeant denuncia que el MOPC dejó de pagarle a partir de 2019, a pesar de que sí siguió pagando a otros contratistas de asfalto que operaban con contratos celebrados sin un proceso de licitación transparente.
En agosto de 2020, Sargeant requirió al MOPC los incumplimientos y deudas que ascendían a más de 40 millones de US dólares, cantidad que crecía diariamente en virtud del contrato de 2013. El MOPC realizó un pago parcial de 16 millones de dólares y ordenó otros dos pagos que no fueron desembolsados a Sargeant.
Tras la toma del poder por parte de la Administración Abinader, el MOPC comenzó a obtener la mayor parte de su asfalto AC-30 de Refidomsa, una empresa petrolera en la que la República Dominicana tenía una participación sustancial. Refidomsa firmó su contrato de suministro con el MOPC en septiembre de 2020, un mes después de que entrara el Gobierno del presidente Abinader, sin licitación pública. El gobierno dominicano adquirió la totalidad de las acciones de Refidomsa, en agosto de 2021.
Sargeant reclama 57,46 millones de US dólares adeudados por daños y perjuicios a sus inversiones por incumplimiento del DR-CAFTA y del contrato de 2013 por parte de la República Dominicana.
Tribunal
El 28 de octubre de 2022 se formó el tribunal del arbitraje con Gabrielle Kaufmann-Kohler, David R. Haigh y Alexis Mourre.
