Alfredo Bullard, Óscar M. Garibaldi y Gabriel Bottini son el tribunal del arbitraje entre el ciudadano británico Terence Highlands y México en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
El peruano Bullard es el presidente quien ha intervenido en otros ocho arbitrajes CIADI hasta el momento, cinco como experto y dos como presidente. Galway-Colombia (pendiente), Eutelsat-México (pendiente) Dominion Minerals-Panamá (pendiente) Bear Creek-Perú son algunos de ellos.
El estadounidense y argentino Óscar Garibaldi tiene experiencia en otros 12 procedimientos CIADI, cuatro también como coárbitro y el resto como counsel de una de las partes. DCM Energy-España (pendiente), Carlos Ríos y Francisco Javier Ríos-Chile (pendiente), Valores Mundiales y Consorcio Andino-Venezuela o Tidewater Investment-Venezuela.
El argentino Gabriel Bottini acumula una extensa experiencia en arbitrajes CIADI habiendo participado en más de 40 arbitrajes como counsel de Argentina. Después ha formado parte de tribunales como coárbitro en cuatro ocasiones y como miembro de comités de anulación en dos. Alicia Grace-México (pendiente), Venoklim-Venezuela (pendiente), Italba-Uruguay (pendiente), Cemusa-México o Saint Gobain-Venezuela son algunos de ellos.
Más sobre el arbitraje
Terence Highlands, representado por Clyde & Co (Londres) y por Garza Tello & Asociados (México) reclama la expropiación ilegal de las inversiones de la empresa Coastline, de la que es dueño, y exige alrededor de 80 millones de dólares por la detención de dos de sus buques durante tres años en México valorados en 328 millones de dólares y liberados en malas condiciones (“Reclaman 293 mdd en caso Oceanografía“, Agencia Reforma, 27.10.2019). El caso estaría unido a Oceanografía, compañía que controló durante cuatro años el Gobierno de México.
Este arbitraje de Terence Highlands está relacionado con el de Shanara Maritime y Marfield, empresas propiedad también de Highlands, que el 18 de junio de 2015 notificaron el inicio del arbitraje al gobierno mexicano invocando el Acuerdo para la Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) México Canadá bajo reglamento de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) por la retención de los buques Caballo Marango y Caballo Maya.
En la notificación de arbitraje se denunciaba “el peligro de hundimiento y encallamiento, debido a que llevan meses sin haber recibido un mantenimiento mayor por parte del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (el “SAE”), actual administradora y depositaria de dichas embarcaciones. Ese hundimiento y encallamiento -que es inminente, y que es muy probable que ocurra en el año siguiente- generará un daño ambiental (vertimiento de sustancias peligrosas), y el que la Dirección y el SAE la ignore, puede ser generadora de una responsabilidad penal”.
La notificación de intención de arbitraje se había producido en diciembre de 2014 sin éxito.
