En el marco del arbitraje entre el empresario Bacilio Amorrortu y Perú ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) a través de la Orden Procesal No. 2 se ha conocido la participación de un tercero financiador cuya identidad no será difundida.

El 2 de octubre de 2020, la defensa de Bacilio Amorrortu confirmó “que cuenta con la asistencia de un tercero para pagar los costos de este procedimiento”; y ofreció revelar la identidad del financiador al Tribunal y al Demandado pero pidió la confidencialidad, solicitando al Tribunal que desestime la solicitud de la Demandada de que “revele ciertos términos del acuerdo de financiamiento”.

Decisión del tribunal

El Tribunal ha decidido que la identidad del tercero financiador debe ser revelada tanto al Tribunal como a la Demandada, ya que la información “puede ser designada como confidencial según el párr. 9.4 de la Orden Procesal No. 1.”, y dicha divulgación es suficiente para hacer frente a posibles conflictos de intereses.

El tribunal aclara en la decisión que: “Hay muchas otras razones por las que un reclamante puede buscar financiación de terceros, incluida la gestión de riesgos y la validación por un tercero más objetivo de los méritos de la reclamación.”

Y concluye que: “No existe alegación de mala fe contra el Sr. Amorrortu, ni ninguna otra circunstancia planteada por la Demandada para justificar una divulgación más amplia, excepto por el simple hecho de que la Demandante ha celebrado un acuerdo de financiación con un tercero.”

Más sobre el arbitraje

En febrero de 2020 Bacilio Amorrortu, inversor en el campo petrolífero de Perú, presentó su demanda de arbitraje ante la CPA bajo reglamento de la Convención de Naciones Unidas para Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi) reclamando 90 millones de dólares a Perú por favorecer a la compañía Graña y Montero en varias explotaciones petrolíferas.

Representación de las partes

El equipo que representa a los demandantes lo forman Francisco A. Rodríguez, Luis A. Pérez, Rebeca E. Mosquera, Andrew Domínguez y Alejandro E. Chevalier (Akerman LLP).

Y el demandado representado por el Ministerio de Economía y Finanzas representado por Ricardo Ampuero, Mónica Guerrero y Shane Martínez y por el equipo formado por Mark Clodfelter, Kenneth Juan Figueroa y Ofilio J. Mayorga (Foley Hoag).

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