Bacilio Amorrortu, inversor en el campo petrolífero de Perú, presentó su demanda de arbitraje ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) bajo reglamente de la Convención de Naciones Unidas para Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi) reclamando 90 millones de dólares a Perú por favorecer a la compañía Graña y Montero en varias explotaciones petrolíferas.
El demandante invoca el incumplimiento del Acuerdo de Promoción del Comercio Estados Unidos-Perú (2009).
Bacilio Amorrortu creó Baspetrol, bajo las leyes de Perú, para operar los Bloques III y IV en la región de Talara.
El empresario, de nacionalidad estadounidense, comenzó su acercamiento a PeruPetro, que controla la operación en los bloques petrolíferos, en 2012 para negociar un acuerdo y fue invitado a presentar una propuesta de negociación directa para el Bloque III y para el bloque adyacente IV, que hizo en mayo de 2014.
El período de diez días expiró que abría la negociación directa expiró dando a Amorrortu el derecho y la expectativa legítima de completar la negociación del acuerdo.
No obstante, PeruPetro inició un proceso de licitación pública para operar los Bloques III y IV que según el escrito de notificación del arbitraje «fue claramente diseñado para beneficiar a la empresa local Graña y Montero, S.A.A. (Graña y Montero), ya que la solicitud de propuesta emitida por PeruPetro incluía una serie de requisitos arbitrarios que solo Graña y Montero podía satisfacer».
Según el documento: «La evidencia de corrupción comenzó a surgir en junio de 2019 cuando Graña y Montero admitió que la compañía había sobornado al gobierno de Perú para obtener varios proyectos gubernamentales. Hoy, hay evidencia indiscutible de que en 2011, durante la campaña presidencial de Perú, Graña y Montero, junto con Odebrecht, pagaron USD $ 3,000,000.00 a Ollanta Humala (Presidente Humala) y su esposa Nadine Heredia (Sra. Heredia). Luego, durante la presidencia del presidente Humala (2011-2016), Graña y Montero pagó más de USD $ 3,700,000.00 en sobornos a miembros del gobierno del presidente Humala, para ser adjudicados contratos gubernamentales. Como resultado de estos pagos y otros pagos de sobornos actualmente bajo investigación, Graña y Montero fue favorecida con numerosos contratos por parte del gobierno del presidente Humala, incluidos los contratos para la operación de los Bloques de petróleo III y IV otorgados en 2014-2015.»
Amorrortu estima los daños sobre los 90 millones de dólares incluidos más de 64 millones recibidos por Graña y Montero por su operación en los Bloques III y IV más intereses pre y post adjudicación.
Arbitraje ante la CPA
Los idiomas del procedimiento serán el español y el inglés y el tribunal ya ha sido constituido por el juez Ian Binnie (presidente) y los coárbitros Bernard Hanotiau y Toby Landau.
El equipo que representa a los demandantes lo forman Francisco A. Rodríguez, Luis A. Pérez, Rebeca E. Mosquera, Andrew Domínguez y Alejandro E. Chevalier (Akerman LLP).
Y el demandado representado por el Ministerio de Economía y Finanzas representado por Ricardo Ampuero, Mónica Guerrero y Shane Martínez y por el equipo formado por Mark Clodfelter, Kenneth Juan Figueroa y Ofilio J. Mayorga (Foley Hoag).
Graña y Montero
La compañía peruana ha sido directamente implicada en los graves casos de corrupción conocidos como «Lava Jato» y «Club de la Construcción», entramados de concesiones corruptas en las que estaban implicados funcionarios del Estado peruano y en los que a través de coimas se lograban licitaciones en diferentes concesiones y obras públicas.
En enero de 2020, Graña y Montero informó del acuerdo preliminar con el Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios –Equipo Especial y la Procuraduría Pública Ah Hoc– por el cual: “se establecen los términos y condiciones generales para un acuerdo de colaboración eficaz definitivo–en relación al caso “Club de la Construcción” y al caso “Lava Jato”–que suscribirán la Compañía, la Fiscalía y la Procuraduría en un plazo máximo de 60 días hábiles.
