Ante un tribunal de distrito estadounidense, la minera canadiense Crystallex ha pedido que se inicie la subasta de la propiedad de Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa) sobre Citgo para cobrar el laudo de 1,2 billones de dólares que debe asumir Venezuela.
En mayo de 2020, la Corte Suprema de EE.UU. decició no revisar la decisión del juez del distrito de Delaware que permitía confiscar las acciones de Pdvsa para imponer el laudo del arbitraje contra Venezuela y a favor de la minera canadiense Crystallex.
El laudo es fruto de un arbitraje iniciado por la minera por la expropiación en 2008 por parte del Gobierno de Hugo Chávez, del proyecto minero de oro más grande del mundo: Las Cristinas, y se saldó con el laudo de 2016 del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
Venezuela y Petróleos de Venezuela SA argumentaban que la decisión socavaba los objetivos de política exterior de Estados Unidos siendo una amenaza sobre el gobierno de Juan Guaidó.
Asimismo, Venezuela, a través de la defensa de Juan Guaidó, reconocido como parte en el conflicto interpuesto por Crystallex, explicaba que la incautación de los activos de PDVSA sobre Citgo amenazaba a su propio gobierno, además de provocar una ejecución judicial más onerosa que repercutiría también en otros Estados.
