Venezuela ha recurrido a la Corte Suprema de Estados Unidos sobre una decisión de un juez del distrito de Delaware que permite la intervención sobre activos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Citgo, para cobrar un laudo de 1,2 billones de dólares en arbitraje por expropiación en 2008 de activos mineros a la canadiense Crystallex. La amenaza sobre el gobierno de Juan Guaidó y la onerosidad del procedimiento detrás de la defensa.
Venezuela, a través de la defensa de Juan Guaidó, reconocido como parte en el conflicto interpuesto por Crystallex, explica que permitir la incautación de los activos de PDVSA sobre Citgo amenaza a su propio gobierno, además de provocar una ejecución judicial más onerosa que repercutirá también en otros Estados, según información publicada por el medio Law360 (ver “Venezuela Cites Foreign Policy Concerns In $1.2B Award Fight“, 28.04.2020).
El conflicto de largo recorrido (comenzó en 2011) por la expropiación por parte del Gobierno de Hugo Chávez, del proyecto minero de oro más grande del mundo: Las Cristinas, se saldó con un laudo de 2016 del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que asciende a 1,2 billones de dólares a favor de la minera canadiense Crystallex.
En agosto de 2019 la sentencia en contra de Venezuela y a favor del embargo de Citgo fue ratificada y a finales de febrero de este año, Venezuela y la estatal PDVSA pidieron a la Corte Suprema de EE.UU. que revisara el fallo del tribunal que permitía que la canadiense confiscara las acciones de Citgo por oponerse a la política exterior de EE.UU. a través de la que se apoya a Juan Guaidó (ver “La sombra de Fidel Castro en juicios contra Venezuela, caso Citgo“, Carlos Ramírez López, El Carabobeño, 23.04.2020).
