El 26 de febrero de 2024, la Procuraduría General del Estado de Ecuador informó de que la estadounidense WorleyParsons ha pagado algo más de seis millones USD que debía reembolsar a Ecuador por los honorarios y costas del arbitraje de inversiones que mantuvieron ante un tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA). El tribunal desestimó en el laudo final de 22 de diciembre de 2023 las reclamaciones de la empresa, entre otros, por la corrupción de la demandante durante la operación de su inversión.
A pesar de que WorleyParsons manifestó en un comunicado, tras conocer el laudo, que sopesaba opciones para emprender nuevas acciones legales por no estar de acuerdo con la desestimación de la demanda por parte del tribunal que “no abordó el fondo” de la reclamación, la estadounidense ha cumplido con el laudo a favor de Ecuador del tribunal constituido en la CPA bajo reglamento de arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL).
Ecuador ha hecho un comunicado difundido en sus redes sociales en el que explica que los fondos serán acreditados a la Cuenta Única del Tesoro Nacional.
El Tribunal, integrado por los árbitros Andrés Rigo Sureda (presidente), Bernard Hanotiau (designado por la demandante) y Brigitte Stern (designada por Ecuador), desestimó las pretensiones de WorleyParsons y condenó a la empresa a afrontar los honorarios y costos en los que incurrió Ecuador durante el procedimiento.
WorleyParsons demandó al Estado ecuatoriano por impagos, tras el trabajo realizado entre los años 2011 y 2017, relacionados con contratos suscritos con EP Petroecuador y con la compañía Refinería del Pacífico en los proyectos: Programa de Rehabilitación de Refinería de Esmeraldas, Proyecto Refinería del Pacifico, Planta de Licuefacción de Gas Natural en Bajo Alto y Planta de Gas Licuado de Petróleo de Monteverde.
Indicios de corrupción
En el laudo, el tribunal hace referencia a actividades ilícitas y corruptas relacionadas con WorleyParsons y desestima las reclamaciones de la Demandante en su totalidad por: existencia de un patrón generalizado de ilegalidad y mala fe; la corrupción de la Demandante durante la operación de su inversión; y por la ceguera voluntaria frente a la corrupción de su filial.
Según Ecuador, la empresa solicitaba aproximadamente 198 millones de USD, sin embargo WorleyParsons, en el comunicado de 10 de enero de 2024, dijo que la cantidad ascendía a 39 millones.