Venezuela ha hecho pública su intención de no participar en el procedimiento que el Gobierno de Guyana ha presentado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en relación con la reclamación de Venezuela de dos tercios del territorio guyanés sobre el Esequibo, en la frontera al oeste de Guyana.
Venezuela a través de una comunicación a la CIJ explica que este organismo “carece manifiestamente de jurisdicción sobre una acción planteada unilateralmente”. Añaden que la solicitud de Guyana no cuenta con el consentimiento venezolano, y piden a Guyana “reanudar las negociaciones de buena fe” (ver “Venezuela dice Corte Internacional de Justicia carece de jurisdicción en disputa con Guyana“, Reuters, 18.06.2018).
La República Bolivariana ha defendido siempre su disposición a acudir al Acuerdo de Ginebra de 1966, como marco legal que rige la controversia territorial sobre el Esequibo.
Tras el anuncio de Venezuela, Guyana comunicó su intención de invocar el Artículo 53 del estatuto de la CIJ, que explica que cuando una parte decide optar por no participar, la otra parte puede pedir al tribunal decidir a su favor. El apartado 2 del Artículo 53 también indica que, antes de tomar una decisión, el tribunal debe asegurarse no solo de tener jurisdicción, sino de que el reclamo este fundado de hecho y derecho:
“Article 53
1. Whenever one of the parties does not appear before the Court, or fails to defend its case, the other party may call upon the Court to decide in favour of its claim.
2. The Court must, before doing so, satisfy itself, not only that it has jurisdiction in accordance with Articles 36 and 37, but also that the claim is well founded in fact and law.”
El conflicto por el Esequibo
Ban Ki-Moon contaba con concluir el conflicto en diciembre de 2016, sin embargo finalmente decidió conceder un plazo más amplio para dar otra oportunidad al diálogo a través de la labor del mediador noruego Dan Nylander nombrado por Naciones Unidas.
Ante la aparición de nuevos yacimientos petrolíferos en el área reclamada, en marzo de 2017 Guyana se mostraba escéptica ante una posible solución de la controversia.
El 30 de enero de 2018, la Secretaría General de Naciones Unidas hizo pública la decisión del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, de llevar el conflicto fronterizo entre Guyana y Venezuela a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ):
“La controversia fronteriza de larga data entre la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela surgió como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo Arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e írrito. En el Acuerdo de Ginebra de 1966, Guyana y Venezuela le confirieron al Secretario General la potestad y la responsabilidad de elegir un medio de solución pacífica entre aquellos contemplados en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. El Acuerdo de Ginebra también prevé que si el medio así escogido no conduce a una solución de la controversia, el Secretario General debe de escoger otro medio de solución. […]”
