Hace dos años, la constructora española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) perdió un arbitraje con dos empresas mexicanas, asociadas en la obra de construcción del túnel sumergido de Coatzacoalcos en México.

Se trataba de un procedimiento iniciado en 2017 ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), después de que en 2015 se actualizara la concesión para que la obra fuera terminada por “Concesionaria del Túnel de Coatzacoalcos”, pero FCC, Matrix Concesiones y Obras Portuarias Coatzacoalcos (OPC) no llegaron a acuerdo para compensar los gastos y cobrar los adeudos que la Concesionaria le debía a la constructora. FCC, accionista mayoritaria de la concesionaria y de la constructora -las empresas mexicanas solo participaban de la constructora- acordó “que la constructora le perdonara a la concesionaria los adeudos que tenía para con ella”, motivo y fondo del arbitraje.

El laudo a favor de Matrix Concesiones y Obras Portuarias Coatzacoalcos OPC se conoció en mayo de 2019. En junio, FCC presentó un recurso de anulación ante la Corte Suprema de Justicia de Panamá que admitió una excepción opuesta por OPC y Mátrix, a la que siguieron recursos de reconsideración y aclaración de FCC, rechazados a finales de agosto de 2020.

La controvertida situación finalmente se desata cuando el pasado 1 de septiembre, Efrén Tello, suplente del magistrado Luis Ramón Fábrega, presidente de la Corte Suprema de Justicia, admitió el amparo de garantías constitucionales contra la resolución de agosto de 2020 de la Sala IV que negó el recurso de anulación del laudo a la compañía española por ser extemporáneo. Situación que, según fuentes del sector, resulta inconstitucional, dado que la Constitución panameña no permite la presentación de recursos de inconstitucionalidad ni de amparo contra los fallos de la Corte Suprema de Justicia o sus Salas.

María Fábrega, socia de Moreno y Fábrega y abogada que ha actuado en el amparo de garantías constitucionales presentado por FCC, se ha defendido en redes sociales ante las críticas por ser hermana de uno de los integrantes de la Sala Cuarta: Luis Ramón Fábrega. La abogada apela a los 25 años que atesora como litigante y defiende la presentación del amparo al margen de sus relaciones familiares: “Que tiene que ver mis relaciones familiares con un tema fuera de la jurisdicción de Pma -Panamá-[…]”, y explica que “el amparo fue admitido por estar en debida forma y es sobre un contrato en Mexico”.

Para Fábrega: “La viabilidad del recurso queda en manos del pleno de la Corte Suprema de Justicia, por lo tanto, apegados a la institucionalidad, consideramos es quien tiene la última palabra”, y agrega que “el amparo no es contra un fallo sino contra una resolución que niega un recurso”.

El Artículo 207 de la Constitución de Panamá

Otras fuentes del sector critican que tras el recurso de anulación sean admitidos recurso de revisión y solicitud de aclaración y, finalmente, se admita el amparo constitucional, puesto que atenta contra lo dispuesto en el Artículo 207 de la Constitución panameña, en el artículo 68 de la Ley de Arbitraje de Panamá y en la fracción 3 del artículo 2615 del Código Judicial de Panamá:

  • Artículo 207. No se admitirán recursos de inconstitucionalidad ni de amparo de garantías constitucionales contra los fallos de la Corte Suprema de Justicia o sus Salas.
  • Artículo 68 de la Ley de Arbitraje de Panamá: Trámite del recurso. Al recurso de anulación se le dará el trámite
    siguiente: (…)
    3. El recurso será rechazado de plano cuando aparezca de manifiesto que su interposición fue extemporánea o que las causales alegadas no corresponden a las establecidas en el presente Capítulo.(…)
    7. Contra la sentencia que dicte la Sala Cuarta de Negocios Generales no cabrá recurso o acción alguna.
  • Numeral 3 del artículo 2615 del Código Judicial de Panamá: 3. En atención a lo dispuesto en los artículos 137 y 204 de la Constitución Política, no se admitirá la demanda en un proceso de amparo contra las decisiones jurisdiccionales expedidas por el Tribunal Electoral, la Corte Suprema de Justicia o cualquiera de sus Salas.

One Comment

  • Msc Juan Diego Quiros dice:

    Pero los papeles verdes hacen a los magistrados emitir cualquier resolución ilegal, inconstitucional y su conciencia queda totalmente tranquila soñando verde.

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