Real Hearing. Tan real como en el tribunal


La semana pasada, un tribunal estadounidense rechazó la demanda de antiguos empleados de Occidental Petroleum en Ecuador para que se les pagara una parte del laudo de Occidental Petroleum (Oxy), que ascendió a cerca de 1.000 millones de dólares.

Un panel de tres jueces confirmó la sentencia de marzo de 2020 del juez Lynn N. Hughes, US District Court Southern District of Texas, a favor de Occidental Petroleum Corp. y su filial Occidental Exploration and Production Co. en la demanda presentada por Juan Carlos Cisneros Guerrero y otros exempleados ecuatorianos de Occidental.

Juan Carlos Cisneros Guerrero y otros interpusieron la demanda contra Occidental por no haber pagado el quince por ciento de los beneficios del laudo arbitral que recibió en 2016, en violación de sus derechos legales y de una disposición de sus acuerdos. El juez Lynn N. Hughes determinó que los demandantes no pudieron demostrar que Occidental incumplio el acuerdo o sus derechos legales.

Aunque según la legislación ecuatoriana, Occidental estaba obligada a compartir con sus empleados, que fueron despedidos en 2006, el quince por ciento de sus beneficios realizados anualmente en conjunto; como la petrolera sufrió pérdidas ese año y recibió el primer pago por parte de Ecuador en 2015, entre otras argumentaciones en las que se tiene en consideración la legislación laboral internacional, según Hughes los trabajadores no tienen derecho a ningún pago.

El arbitraje

En 2006, Occidental Petroleum inició, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), un arbitraje de inversiones en contra de Ecuador por la rescisión de un contrato de exploración y explotación del bloque 15 en la Amazonía ecuatoriana. Ecuador se vio presionado, entre otros, por comunidades indígenas respaldadas por diferentes movimientos sociales en el país, y tras la venta de la empresa de parte del proyecto a Andes Petroleum, sin su autorización. Las operaciones en este bloque las heredó la compañía pública ecuatoriana Petroamazonas.

En 2015, el tribunal de CIADI dictó un laudo por 979 millones de dólares en favor de la petrolera, después de una histórica reducción de un 40%. En 2016 y durante la presidencia de Rafael Correa, Ecuador y la petrolera suscribieron un acuerdo de pago.

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