El tribunal del arbitraje entre la holandesa The Williams Companies International Holdings B.V. presentado en octubre de 2019 contra Venezuela ha sido constituido, cuatro años después de su presentación (contempló una suspensión en 2020), en el seno del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
El egipcio Mohamed Abdel Wahan ha sido designado presidente por acuerdo de las partes, el coreano Hi-Taek Shin, coárbitro designado por los demandantes, y Álvaro Galindo, con doble nacionalidad ecuatoriana y colombiana, designado coárbitro por Venezuela. El procedimiento fue suspendido en abril de 2020 de conformidad al acuerdo de las partes.
Mohamed Abdel Wahan es el segundo arbitraje CIADI en el que interviene, en ambos lo hace como presidente. Abdel Wahan es socio fundador de la firma Zulficar&Partners Lawfirm y director del Grupo de Arbitraje Internacional, Construcción y Energía. Según su hoja de vida ha actuado como árbitro, experto jurídico y counsel en más de 245 casos, en los que han intervenido partes de África, Asia, Canadá, Europa, Oriente Medio y Estados Unidos.
Hi-Taek Shin ha participado en nueve procedimientos CIADI más. En siete como miembro de comités de anulación (ej. Renée Rose Levy de Levi-Perú, Micula v. Rumanía) y en dos como presidente (ej. JGC Holdings-España, Vidrios Los Andes-Venezuela). Ha sido designado por la República de Corea en su panel de árbitros CIADI para el período 2021-2017, lo fue ya en el período 2009-2021.
Álvaro Galindo interviene en un segundo procedimiento CIADI tras su designación como miembro de un Comité ad hoc para decidir sobre la anulación del laudo Renergy v. España. Galindo fue designado en el Panel de árbitros de Ecuador para el período 2021-2027.
El conflicto
Este es el segundo arbitraje que registran las demandantes contra Venezuela. En una demanda anterior de 2011, The Williams Companies International Holdings B.V. , WilPro Energy Services (El Furrial) Limited y WilPro Energy Services (Pigap II) Limited denunciaban la expropiación sufrida por las empresas gasísticas Wilpro Pigap II y Wilpro El Furrial. En 2017, el caso se dio por concluido tras la interrupción del procedimiento por acuerdo de las partes.
En 2009, el Gobierno de Hugo Chávez ordenó el cierre de alrededor de 50 plantas de explotación de gas, entre ellas El Furrial y Pigap II subsidiarias de Williams.
El acuerdo al que llegó el Gobierno venezolano contemplaba -según diferentes informaciones en prensa- el pago de 420 millones de dólares a Williams y Exterran (accionista minoritario de El Furrial y Pigap II, pero también relacionado con otras expropiaciones).
En mayo de 2009 fue publicado en la Gaceta Oficial venezolana el decreto de la expropiación de PIGAP II y de IGF El Furrial.
