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El Tribunal Supremo alemán ha confirmado la inadmisibilidad del arbitraje para todos los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) intracomunitarios. Lo ha hecho en un procedimiento entre entidades financieras austriacas y la República de Croacia y apoyándose en la sentencia Achmea.

El Tribunal Supremo Federal de Alemania (Bundesgerichtshof o BGH) confirma que la cláusula de arbitraje intracomunitario, en un caso en virtud del TBI entre Austria y Croacia, es inadmisible en relación con las consecuencias de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso Achmea.

El tribunal alemán ha rechazado la demanda de inversiones presentada contra Croacia argumentando que es inválida en virtud de los principios establecidos en la decisión Achmea.

El recurso fue presentado por el Raiffeisen Bank (Viena) y su filial croata, impugnando una decisión de un tribunal de Frankfurt de que el arbitraje iniciado era inadmisible.

Achmea

En marzo de 2018, el TJUE hizo público el siguiente comunicado: “La cláusula arbitral incluida en el Tratado celebrado entre los Países Bajos y Eslovaquia sobre la protección de las inversiones no es compatible con el Derecho de la Unión“. En el texto del comunicado, entre otras circunstancias, se explica que el tribunal arbitral del procedimiento: “no puede calificarse de órgano jurisdiccional “de uno de los Estados miembros” en el sentido del artículo 267 TFUE, relativo al procedimiento prejudicial, y, por tanto, no está facultado para presentar una petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia”. Y consideró que el tratado bilateral al que se hace referencia en el primer párrafo no garantiza “un órgano jurisdiccional perteneciente al sistema de la Unión, dado que solo un órgano jurisdiccional de este tipo puede garantizar la plena eficacia del Derecho de la Unión.” Por lo que concluye que la cláusula arbitral incluida vulnera la autonomía del Derecho de la Unión y no es compatible con el mismo.

El conflicto se originó porque la neerlandesa estimaba que las prohibiciones efectuadas en 2006 por Eslovaquia, en relación a la liberalización del mercado de seguros y a la distribución de beneficios derivados de su actividad, eran contrarias al acuerdo celebrado entre Checoslovaquia y los Países Bajos en 1991, para el fomento y la protección de inversiones.

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