Real Hearing. Tan real como en el tribunal


La estadounidense L1bre Holding y México solicitaron la interrupción del arbitraje de inversiones presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) el 1 de marzo. Disolución del arbitraje que la Secretaría General del Centro notificó recientemente. L1bre Holding está inmersa en otro arbitraje contra México ante CIADI junto a la canadiense Espíritu Santo Holdings por, lo que parece, la misma concesión.

El arbitraje de L1bre Holding fue presentado el 15 de noviembre de 2021 invocando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Tratado México Estados Unidos Canadá (TMEC).

La compañía L1bre Holding, tecnológica especializada en el sector de la movilidad urbana en América Latina, demandó a México por la retirada de una concesión para la sustitución, instalación y mantenimiento de taxímetros en el Transporte Público Individual de Pasajeros para la Ciudad de México, incluyendo sistema de geolocalización y desarrollo, operación y explotación de una aplicación móvil.

L1bre Holdings, propietaria del 72% de Lusad, que recibió la concesión vio cómo, en 2018, las elecciones que proclamaron a Andrés Manuel López Obrador presidente y a Claudia Sheinbaum alcaldesa de Ciudad de México supusieron un revés para sus intereses cuando las autoridades locales del partido de ambos comunicaron su intención de retirar la plataforma de L1bre.

La inversión hecha por las compañías ascendía a 78 millones de dólares más otros pagos comprometidos a proveedores por Lusad. La demandante además denunciaba varios hechos irregulares ante el nuevo Gobierno.

L1bre Holding reclamaba 852 millones de dólares por daños más intereses.

El arbitraje Espiritu Santo Holdings y L1bre Holding v México

Espiritu Santo Holding, LP y L1bre Holding presentaron el arbitraje de inversiones contra México en mayo de 2020. El conflicto relacionado con las reclamaciones sobre sus inversiones en la concesión de movilidad del sector del taxi (taxímetros) y la aplicación móvil en Ciudad de México.

Las demandantes argumentan que distintas actuaciones del gobierno mexicano afectaron a su inversión en la empresa Lusad, concesionaria del sistema por 10 años. Los deseos de terminar con el programa ya se anunciaron durante la campaña electoral de Claudia Sheinbaum,quien tachó la concesión de privada y “corrupta”.

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