La Comisión Europea llevará al Reino Unido ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por una sentencia británica que permite la ejecución del laudo del arbitraje de inversiones de los suecos Micula contra Rumanía, que concede una ayuda estatal ilegal. Así fue comunicado por la Comisión en nota de prensa de 9 de febrero de 2022.
El 19 de febrero de 2020, el Tribunal Supremo del Reino Unido dictó una sentencia que permitía la ejecución de un laudo que ordena a Rumanía el pago de una indemnización a los inversores, los suecos Micula, a pesar de que una decisión de la Comisión Europea había considerado que la indemnización infringía sus normas sobre ayudas estatales.
En diciembre de 2013, un tribunal de arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dictó un laudo en el que declaraba que Rumanía había infringido un tratado bilateral de inversiones celebrado en 2003 con Suecia, por lo que debía indemnizar a los demandantes suecos Ioan y Viorel Micula. Como parte del proceso de adhesión a la UE, Rumanía había revocado un régimen de incentivos a la inversión en 2005, cuatro años antes de su vencimiento previsto, para adaptarse a las normas sobre ayudas estatales de la Unión.
Sin embargo, el 30 de marzo de 2015 la Comisión adoptó una decisión en la que concluía que cualquier compensación pagada por Rumanía, en virtud del laudo, infringía las normas sobre ayudas estatales y ordenaba que el país recuperara cualquier compensación pagada.
Reconocimiento del laudo
En 2014, los Micula solicitaron el reconocimiento del laudo en el Reino Unido y según su Tribunal Supremo, las obligaciones del Reino Unido en materia de Derecho de la UE en ese momento no se oponían a su supuesta obligación internacional de reconocer y ejecutar el laudo arbitral en virtud del Convenio CIADI. Un procedimiento relativo a la validez de la decisión de 2015 de la Comisión estaba pendiente ante los tribunales de la Unión.
El 25 de enero de 2022, el TJUE anuló una sentencia del Tribunal General que anulaba la decisión de la Comisión y concluyó que las normas sobre ayudas estatales eran plenamente aplicables a la medida en cuestión, así como que la Comisión era competente para evaluar dicha medida.
La Comisión Europea considera que el Reino Unido vulnera el principio de cooperación leal e infringe varios artículos del Tratado de Funcionamiento de la UE; y que el reconocimiento de laudos como el de Micula es incompatible con el Derecho de la UE.
