El procedimiento de anulación presentado por la compañía estadounidense de telecomunicaciones Italba Corporation contra el laudo que benefició a Uruguay en marzo de 2019 se ha interrumpido por falta de pago del solicitante y, por lo tanto, se ha levantado la suspensión provisional del laudo.

El Comité ad hoc en el procedimiento de anulación lo forman: el español Andrés Rigo Sureda (presidente) y los argentinos Gabriel Bottini y Mónica Pinto y ha ordenado la interrrupción de la anulación, con lo que la suspensión provisional del laudo provocada por la apertura de esta instancia se termina automáticamente.

El arbitraje Italba v. Uruguay

En marzo de 2019, el tribunal del arbitraje Italba v. Uruguay del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) emitió el laudo en el que daba la razón a Uruguay y condenaba a la demandante a pagar todos los costos del procedimiento.

La demandante alegaba la violación del tratado de protección de inversiones entre EEUU y Uruguay, dado que “a su subsidiaria uruguaya, Trigosul S.A, el Estado le revocó en 2011 en forma irregular el permiso que se le había concedido en 2000 para brindar servicios de banda ancha”.

Italba solicitaba una indemnización de 65 millones de dólares, sin embargo el Tribunal admitió: “la excepción a la jurisdicción opuesta por la República Oriental del Uruguay basada en que Italba Corporation no es dueña de Trigosul S.A. ni la controla, por lo que Italba Corporation no es una inversora” a los fines de los Artículos 1 y 24 del APPRI EE.UU.-Uruguay.

Italba debía pagar a Uruguay cerca de 6 millones de dólares que incluían costas arbitrales, honorarios y gastos de los miembros del Tribunal, los cargos administrativos y gastos directos del CIADI, así como los honorarios de abogados y expertos y los gastos administrativos en los que se incurrió en relación con el procedimiento.

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