Desde la plataforma “noalttip”, organizaciones de la sociedad civil, alineadas en torno al objetivo de solicitar la salida de España del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), así como la eliminación de cualquier forma de arbitraje inversor-Estado, están difundiendo una campaña de firmas para entregar al Gobierno español durante la ronda de negociaciones para la modernización de este acuerdo que tendrá lugar el próximo mes de julio.

El Tratado de la Carta de la Energía data de mediados de la década de 1990 e invocándolo se ha presentado el mayor número de arbitrajes de inversión.

En el texto de la declaración registrada en la plataforma #noalttip (“Carta para pedir la salida de España del Tratado sobre la Carta de la Energía“), entre otros, se destaca:

  • la incapacidad de los gobiernos para no demandar a las multinacionales,
  • que el sistema de solución de controversias sea a través de tribunales de arbitraje internacionales privados y que su decisión sea inapelable,
  • las demandas recibidas por España invocando el TCE: 47, y los 16 fallos en contra y a favor del inversor, y los 8.000 millones € demandados,
  • incompatibilidad con el Acuerdo de París,
  • o que las amenazas de denuncian disuarorias para legislar.

El arbitraje inversor-Estado, el gran caballo de batalla

“El TCE contiene muchas normas, pero son las disposiciones que protegen las inversiones extranjeras en el sector energético─tales como las cláusulas de solución de conflictos inversor-Estado (ISDS)─ las especialmente preocupantes.” Dice el texto de la carta que define después como “un proceso opaco por el que los inversores extranjeros pueden demandar a los Estados cuando éstos ejecutan medidas que afectan a sus intereses económicos, y reclamar por ello cifras desorbitadas de dinero público.”

Continúan explicando que el TCE se utiliza: “para cuestionar  aquellas medidas legislativas dirigidas a eliminar progresivamente las fuentes de energía fósil y nuclear. Será un obstáculo para priorizar la inversión en energías renovables y en eficiencia energética, para poner la producción de energía bajo el control público y para adoptar medidas que pongan fin a la pobreza energética.”

En relación a las demandas en las que este tratao es parte esencial, la carta hace hincapié en el gran número de demadas inversor-Estado (en 2020: 129) y el pago de 52.000M$ de diferentes gobiernos; y en el caso de España: ser el país más demandado a través de este tratado.

Mencionan en la carta los arbitrajes de inversiones de Uniper y RWE contra Holanda, además del de Vattenfall contra Alemania y Rockhopper contra Italia, dedicando un epígrafe completo bajo el título: “El arbitraje entre inversores y Estados en el marco del TCE es contrario al Estado de Derecho y socava los sistemas jurídicos nacionales“.

Además de todo lo referente al TCE, las organizaciones firmantes solicitan la eliminación de todos los mecanismos inversor-Estado ya sea ISDS, ICS o Tribunal Multilateral de Inversiones en todos los acuerdos de comercio.

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