El Estado peruano ha contratado al despacho internacional Arnold & Porter Kaye Scholer LLP en el marco del arbitraje que mantiene contra la española Enagás ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) en relación a la controversia relativa a su inversión en el Gasoducto Sur Peruano (GSP), concesión de la que formaba parte junto a la brasileña Odebrecht y a la peruana Graña y Montero.
El presupuesto que el Gobierno de Perú destinará en un primer momento a la contratación de Arnold & Porter asciende a más de 353.954 dólares, aunque hay una previsión presupuestaria de más de siete millones de dólares desde 2019 a 2022.
La selección de los servicios de abogados y otros profesionales necesarios para encarar las controversias internacionales de inversión que enfrenta Perú corre a cargo de una Comisión Especial que representa al Estado peruano, aunque la contratación la realiza el Ministerio de Economía y Finanzas.
La Resolución Ministerial que ha comunicado esta información fue emitida el pasado 19 de octubre de 2018.
Historia del arbitraje
En septiembre de 2017, Odebrecht anunció su intención de llegar a arbitraje internacional con Perú por la rescisión del contrato sobre la concesión del Gasoducto Sur Peruano, concesión de la que formaba parte junto a la española Enagás Internacional y la peruana Graña y Montero.
Enagás solicitó a Perú el inicio de un procedimiento de trato directo previo a un arbitraje internacional.
La reclamación vendría apoyada en el Artículo 9.1 del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre la República de Perú y el Reino de España (APPRI), y fue comunicada el 19 de diciembre al Ministerio de Energía y Minas y al Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas.
El 2 de julio de 2018, la compañía comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España el inicio del arbitraje contra el Estado peruano.
Enagás reclama la recuperación de la inversión realizada en el proyecto Gasoducto Sur Peruano; y alega que la Administración Peruana no podrá cumplir las obligaciones que establece el contrato para el caso de terminación. El Estado peruano decidió rescindir el contrato el 24 de enero de 2017 por incapacidad del consorcio de obtener fondos necesarios para financiar la construcción del proyecto.
