Real Hearing. Tan real como en el tribunal


Después de perder un arbitraje de inversiones por más de 30 millones de dólares en 2017 contra la minera canadiense Bear Creek por terminación unilateral del contrato, Perú quiere sacar de nuevo rendimiento de las importantes reservas de la mina Santa Ana.

La contaminación de ríos y lagunas próximos al Lago Titicaca y la protección de zonas de reserva y alto valor sociocultural (el de los Aimara Lupaca) fueron algunos de los factores que enfrentaban a los que apoyaban el proyecto, contra los que luchaban contra él.

El 1 de diciembre de 2017, la canadiense Bear Creek Mining Corporation anunció el resultado del arbitraje que mantenía con Perú en relación a la explotación de la mina Santa Ana, que finalmente se resolvió a su favor con una indemnización de 30,4 millones de dólares por expropiación ilegal respaldando que Bear Creek cumplió con todos los requerimientos legales con respecto a las acciones de divulgación a las comunidades locales.

Ahora, el proyecto ha sido rebautizado como ANAP Ajaruni y ha sido transferido por el Instituto Geológico, Minero y metalúrgico a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).

Las presiones de movimientos organizacionales y de la población de la región de Puno (donde se ubica la mina), apelaban a la protección y respeto de derechos humanos y medio ambiente, y provocaron que el gobierno peruano negociara las demandas de la comunidad, lo que le llevó a la suspensión del proyecto minero.

El arbitraje se inició en 2014 y demandaba, entre otras cosas, la ilegalidad del Decreto Supremo 032 de junio de 2011, por el que el Gobierno de Perú anulaba los derecho de Bear Creek para operar las minas de Santa Ana, uno de los depósitos de plata sin explotar más grande del mundo.

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