Real Hearing. Tan real como en el tribunal


“Los tribunales estadounidenses no tienen jurisdicción sobre disputas internas de la Unión Europea que deberían someterse a su Tribunal de Justicia”, este es el argumento defendido por España y apoyado por la Comisión Europea, ante tribunales estadounidenses en el procedimiento de ejecución del laudo de 28,2 millones de euros a favor de Infrared en su lucha relacionada con las normativas de las renovables.

En marzo de 2020, la compañía británica InfraRed Environmental Infrastructure GP Ltd. y un grupo de coinversores británicos iniciaron un procedimiento ante un tribunal estadounidense para hacer cumplir a España el laudo fruto de un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

El 4 de marzo de 2021, la Comisión Europea presentó un amicus brief ante el tribunal de distrito de Columbia para defender lo que ha sido su discurso en los últimos meses: que el arbitraje del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) intracomunitario es incompatible con el Derecho de la Unión.

Sin ir más lejos, el día anterior a la presentación del amicus brief de la Comisión el Abogado General de la Unión Europea Maciej Szpunar concluyó esto mismo tomando como base la sentencia Achmea. Consideraba Szpunar que el artículo 26 del Tratado sobre la Carta de la Energía es incompatible con el Derecho de la Unión cuando se aplica en un contexto intracomunitario: “opino que el tribunal arbitral establecido de conformidad con el artículo 26 del TCE, incluso en una controversia entablada por un inversor de un Estado miembro contra otro Estado miembro, se encuentra fuera del sistema judicial de la Unión.”

Otro ejemplo del mismo proceder lo encontramos en el arbitraje de RREEF en el que a principios de febrero la Comisión también se manifestó en parecidos términos planteando que el arbitraje de inversiones entre RREEF y España debe resolverse bajo la legislación europea (en este caso ante un laudo de 67 millones de dólares).

Algo más…

El 2 de agosto de 2019, el tribunal compuesto por Stephen L. Drymer (presidente), William W. PARK (designado por la demandante) y Pierre-Marie Dupuy (designado por la demandada), condenó a España a indemnizar a InfraRed junto a un grupo de inversores británicos con 28,2 millones de euros. La demanda ascendía a 92 millones.

Al laudo se acompañaba la opinión parcial disidente de Dupuy.

InfraRed Environmental Infrastructure GP Limited es propiedad del fondo de inversión británico InfraRed Capital Partners e invirtió en dos proyectos termosolares en Morón de la Frontera (Sevilla) y Olivenza (Badajoz), en 2011.

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