La reciente política del Gobierno de Panamá sobre las fianzas en contratos públicos ha causado malestar en el sector asegurador y de reaseguros con inversiones en el país. Una situación que amenaza a la seguridad jurídica percibida y que, en algunos casos, acabará en procedimientos de arbitraje de inversiones. Entre las causas: la ejecución de fianzas de manera extemporánea de contratos ya dados de baja por parte de aseguradoras y reaseguradoras; o el uso de la jurisdicción coactiva creando indefensión en las compañías.
La Asociación Panameña de Aseguradores (APADEA) lleva alertando desde hace unos años a diferentes entidades gubernamentales de la situación vivida por las aseguradoras de contratos públicos en Panamá, que contraviene las cláusulas y condiciones de los contratos de fianzas con el Estado y atenta contra el Derecho reglamentario vigente.
APADEA denuncia la ejecución extemporánea de fianzas de cumplimiento y de anticipo vencidas hace años; la exigencia de vigencia indefinida de los contratos de fianza; o actuaciones contrarias al debido proceso ante cobros coactivos de fianzas sin aviso de reclamación.
La patronal aseguradora ha instado a la Presidencia de la República, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Urbano, a la Contraloría General de la República, a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá o al Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES) a que se respete la Ley.
En las misivas, a las que ha tenido acceso este medio, APADEA muestra su disposición para reunirse y discutir con urgencia la situación provocada que está repercutiendo internacionalmente en la percepción de seguridad jurídica del país, así como en las reaseguradoras multinacionales que manifiestan ya su desinterés en el mercado de fianzas panameño, ante las actuales condiciones.
Asimismo, APADEA hace referencia a su preocupación en relación al Decreto Núm.33-LEG, por el que la Contraloría General de la República reglamentó las fianzas que garantizan las obligaciones contractuales del Estado.
La cuestión a la que se puede ver sometido el Gobierno panameño, ante el agravio que perciben las aseguradoras, dependerá de la capacidad de éstas de recurrir al arbitraje de inversión, teniendo en cuenta los recursos económicos que implican estos procedimientos.
Fianzas en los contratos públicos en Panamá
En los contratos de sector público se suelen exigir fianzas tanto de cumplimiento de contrato, como de aseguramiento de anticipos, habituales no solo en Panamá, también en otros países del entorno.
En el sector asegurador panameño de contratación pública, durante años ha habido un número importante de contratos en los que se han producido incumplimientos, falta de ejecución o mala ejecución de los contratos sin que ello fuera registrado por la Administración que no ejecutó, en su momento, ninguna de las cartas fianza que tenía con las entidades aseguradoras.
Pero, llegado el momento, la Contraloría General de la República de Panamá, su entidad fiscalizadora superior, detecta estos defectos en la ejecución de contratos públicos y, como consecuencia de ello, las Administraciones Públicas, a través de cambios normativos, modifican el período de validez de las fianzas y recogen que mientras no se haya resuelto la disputa relacionada con el contrato las garantías siguen vivas, procediendo a incautar aquellas prestadas en el mercado aun cuando el contratista haya desaparecido o el contrato de fianza esté vencido.
El sector asegurador y la patronal del seguro de Panamá se han manifestado en contra de esta situación, en un momento en el que ya se ha optado por la jurisdicción o por iniciar las negociaciones previas al arbitraje internacional, en los casos en los que corresponda.
