La empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A (ICCGSA) denunciaba perjuicios causados por el Estado peruano que le reclamaba penalidades por incumplimientos. El tribunal del arbitraje ha rechazado la demanda y ha condenado a la empresa a asumir las costas del procedimiento.
La controversia está relacionado con el contrato para de gestión, mejora y conservación vial del corredor vial Cañete–Lunahuaná–Dv. Yauyos–Ronchas– Chupaca–Huancayo–Dv. Pampas. Las penalidades ascendían a S/. 45’127,649.11 -según el propio Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú-.
En febrero de 2022, ICCGSA obtuvo otro laudo en su contra, en esa ocasión junto a dos compañías brasileñas: Constructora Andrade Gutiérrez y Constructora Queiros Galvao SA Sucursal Perú, y relacionado con el contrato de obra del Túnel Callao.
Club de la Construcción
ICCGSA está vinculada al llamado “Club de la Construcción“, una trama corrupta para la consecución de licitaciones mediante coimas. Ya son numerososo los laudos que acumula Perú a su favor y en contra de las empresas que formaron esta red.
Un grupo de empresas peruanas y brasileñas, que rondarían la treintena, entre las que se contaba, además de las nombradas en este artículo: Graña y Montero, Obrainsa, Odebrecht, Camargo Correa, Cosapi… constituyeron una trama, entre los años 2011 y 2014, para repartir obras públicas a cambio de un porcentaje sobre el valor referencial de la obra, se le llamó “Club de la Construcción” y está relacionado con el entramado Lava Jato.
