La Secretaría de Economía del Gobierno de México ha comunicado que el Tribunal del arbitraje iniciado por los inversores de la petrolera estadounidense Oro Negro se ha declarado sin jurisdicción para resolver la controversia, por lo que desestimó las reclamaciones de los demandantes que ascendían a 270 millones de dólares, además de condenarlos al pago de de los costos del arbitraje. El laudo aún no se ha publicado.
En el comunicado, el Gobierno de México explica que: “el Tribunal determinó carecer de jurisdicción para resolver un caso en el que individuos con doble nacionalidad, teniendo como dominante y efectiva la mexicana, presentaron reclamaciones en contra de su propio país. De igual forma, el Tribunal consideró que diversos Demandantes no contaron con la legitimidad necesaria para presentar reclamaciones en contra de México conforme el TLCAN.”
En junio de 2018, un grupo de accionistas de la petrolera estadounidense Oro Negro presentaron arbitraje contra México en CIADI invocando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y acusando a la petrolera pública mexicana Pemex de haber dado un trato preferencial a otros competidores, como sería el caso de la compañía de perforación Seamex.
Origen del arbitraje: Reforma energética mexicana de 2013
En 2013, el senado mexicano aprobó la reforma energética del país que abrió su industria de hidrocarburos a la inversión extranjera mediante licencias, contratos de servicios, contratos de utilidad y producción compartida de extracción y exploración. Sin embargo, el desplome de la industria petrolera mexicana fue un hecho, México pasó de tener 182 equipos a sólo 19 en siete años.
El origen de la controversia con la petrolera estadounidense Oro Negro está en la cancelación de contratos debido a la caída de los precios del crudo. El grupo de accionistas estadounidenses acusaba a Pemex en la demanda de “fraude y discriminación” a favor de la compañía de perforación Seamex.
El 1 de marzo de 2018, Oro Negro hacía público un comunicado, con motivo del despido de sus trabajadores, en el que acusaba a Pemex de incumplir: “con los contratos que tiene celebrados con Oro Negro y con el pago de servicios ya prestados, incluso a pesar de órdenes judiciales que la obligan a cumplirlos”. La compañía también arremetía en la nota de prensa contra Deutsche Bank como fiduciario.
Los demandantes son un grupo de 27 inversores estadounidenses y mexicanos encabezados por Alicia Grace y entre los que se encuentran Ampex Retirement Master Trust (es un fideicomiso de pensiones con activos para el Plan de Retiro de los Empleados de Ampex Corporation, compañía emparentada con Ampex Digital que manufactura sistemas de archivo digital), Apple Oaks Partners LLC que opera como una firma de asesoría de inversiones, Brentwood Associates, empresa líder de inversión de capital privado en el mercado medio, Grupo Cambria, firma de capital privado que adquiere e invierte en pequeñas y medianas empresas en una amplia gama de industrias o las mexicanas Axis Oil Services y Axis Oil Field Holding, entre otros.
